En una carta dirigida al Gobernador y los presidentes legislativos sobre las maneras en que el P de la C 120 violenta la Ley PROMESA.

En una carta emitida el sábado, la Junta de Control Fiscal (JCF) advirtió a la Legislatura y al Gobernador que no puede aprobar ni poner en vigor el P de la C 120, Ley de Retiro Digno, que impone parámetros de negociación de deuda y cambia el sistema de pensiones del servicio público porque, según el ente, la ley sería anulada por el Tribunal de Quiebras y se crearían “dolores de cabeza administrativos” al tener que revertir sus efectos.

Convertir el proyecto en ley y ejecutarlo “sería desastroso para los empleados del Gobierno de Puerto Rico y perjudicaría gravemente la recuperación financiera y el futuro de Puerto Rico”, argumenta la Junta. Advierte también que la aprobación e implementación del P de la C 120 es un desafío a determinaciones del tribunal que harían “especialmente apropiadas sanciones en contra de las personas responsables”.

El P de la C 120 está pendiente de aprobación en el pleno cameral y propone establecer “una política pública enérgica y vigorosa de cero recortes a las pensiones”, crea el andamiaje para que exista un “Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro” y dispone la “política pública que guiará las conversaciones y representaciones del Gobierno de Puerto Rico, sus municipios, instrumentalidades y agentes en cualquier proceso de reestructuración, ajuste, mediación o negociación de las acreencias contra los sistemas de retiro, sus participantes y pensionados”, entre otros.

La Junta defendió que “los retirados del gobierno quedan entre las clases más privilegiadas de acreedores bajo cada uno de los Planes de Ajuste de Deuda, mientras que los acreedores financieros sufren descuentos sustanciales” y que lo que pretende la Legislatura es retar la orden de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain que anuló la Ley 29 en la que los municipios quedaron relevados de las obligaciones con sus pensionados. La anulación de esa ley fue avalada por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

En la misiva, el ente que controla las finanzas del Gobierno de Puerto Rico dijo que la Cámara nunca contestó una carta que se le remitió el 29 de enero sobre el análisis y las proyecciones del proyecto pero que, de todos modos, la Junta hizo su análisis y concluyó: que el proyecto es contrario a la Ley PROMESA; está basado en presunciones económicas sin fundamento; crea un fideicomiso de pensiones insuficientemente financiado que “estará vacío para cuando los empleados actuales se retiren”; es inconsistente con el Plan Fiscal y le hace “promesas falsas a los participantes”.

Añaden que el proyecto “reinstalaría una política pública (de retiro) fallida que fue una causa principal para la desgracia económica profunda, y un problema crítico para cuya solución se aprobó la Ley PROMESA” y que el “retiro digno” que se promete es falso porque no se van a poder pagar los beneficios.

Justo ayer, la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara aprobó enmiendas en una Sesión Pública de Consideración Final (markup session) para el P de la C 523, que es complementario al P de la C 120. El 523 busca “reconocer de forma oficial que estas pensiones son, en efecto, un derecho adquirido protegido por la Constitución del Estado Libre Asociado” para que el aparato gubernamental esté “impedido de tomar acciones dirigidas a menoscabar los derechos de nuestros servidores públicos, por lo que requerirá de acción legislativa para así hacerlo”, según un comunicado. Este proyecto está en el calendario de votación para la sesión de hoy.

En un evento independiente, la carta coincide con la radicación ayer de una demanda de parte de un grupo de policías que quieren que el gobierno ponga en vigor la Ley 81 de agosto del año pasado mediante la que la Administración Vázquez Garced y la Legislatura buscaron devolverles a los policías, bomberos, oficiales de custodia y a sus familiares una pensión vitalicia a aquellos miembros de esos cuerpos de seguridad que tengan 30 años o más de servicio. Con la Ley 3 de 2013, a esos grupos se les redujo la pensión a entre 40 y 44% de su salario, pero con la Ley 81 se aumentaba a entre 50 y 55%.

La demanda presentada por los licenciados Víctor M. Rivera Ríos y Víctor M. Rivera Torres busca obligar al gobierno a comenzar a pagarle a los policías retirados lo que se supone reciban bajo la Ley 81.

La Ley 81, junto con la 80 (sobre retiro adelantado) y 82 (sobre beneficios de retiro a maestros), fue objeto de confrontación con la Junta advirtiendo también que podría ir a los tribunales. En ese momento, el gobierno indicó que no pondría en vigor las leyes y por eso la Junta desistió de la presión.

Para ver la carta de la JCF, pulse aquí.