Continúan las críticas del nuevo miembro, Justin Peterson, a cómo la Junta de Control Fiscal ha manejado la quiebra de Puerto Rico.

En una reunión que siguió anticipando lo que sería una Junta de Control Fiscal (JCF) con mayoría de nombramientos del presidente Donald Trump, el ente fiscal acordó hoy reanudar negociaciones con los bonistas con la intención de radicar un nuevo Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para el 10 de febrero, que es el límite que impuso la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain.

La forma de proceder con el plan fue el punto crítico que provocó que el nuevo miembro de la JCF, Justin Peterson, abandonara la reunión anterior y dejara sin quórum al ente, por lo que no se pudo tomar una decisión. Peterson había objetado que se le concediera a la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, la facultad de radicar un plan en el tribunal sin tener que llegar a un preacuerdo con los bonistas. Hoy intentó que se le requiriera a Jaresko volver a la Junta para discutir cualquier falla en las negociaciones, pero retiró esa modificación después de que el presidente, David Skeel, y otro miembro, Andrew Biggs, expresaran su preferencia de no modificar la resolución. Lo autorizado le permite a Jaresko iniciar negociaciones con los bonistas de buena fe y radicar si fallan, o volver a la Junta si surgen cambios en la propuesta.

Peterson, quien fue cabildero de acreedores en la quiebra de Puerto Rico, participó en el proceso de discusión de la Ley PROMESA y que mantiene vínculos con el sector de energía, adelantó su interés de participar directamente en las negociaciones con los bonistas. Eso es una facultad que tienen los miembros, que ha ocurrido y que Skeel adelantó que usaría también. En ese proceso, sin embargo, no tienen el poder de cambiar unilateralmente los acuerdos de la Junta sobre la negociación.

El nuevo miembro abogó también porque el gobernador entrante, Pedro Pierluisi, participe en las negociaciones. Peterson, quien ayer divulgó en sus redes sociales que conversó con Pierluisi, alabó al nuevo gobernador, quien fue abogado de la JCF y ha dicho que atendería su responsabilidad con la junta directamente y no con un representante. “Estoy optimista sobre el nuevo gobernador, creo que está a favor del crecimiento”, comentó Peterson, quien ha repetido que su visión de la deuda es que no se debe recortar lo que se le paga a los bonistas sino que se tienen que crecer los ingresos de Puerto Rico para que haya más dinero para todo el mundo.

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Al criticar la propuesta de negociación para el PAD, Peterson comentó que “he escuchado” de las aseguradoras de bonos y que no están contentas con las negociaciones ni cómo se ha manejado la JCF. Peterson los defendió como el “lubricante” que permite que se mueva el mercado de finanzas públicas. Estas organizaciones son las que más presionan por un pago máximo porque cuando un bonista asegurado recibe menos del 100% de lo que se supone recibiera del Gobierno de Puerto Rico, estas aseguradoras son las que tienen que pagarle la diferencia a ese bonista. Una de ellas, National Public Finance Guarantee, dijo esta semana que quiere participar de las negociaciones.

Jaresko mencionó que un elemento de buena fe para los bonistas en la propuesta de PAD es la introducción de un instrumento de valor contingente (IVC), que lo que significa que una parte de la deuda, en este caso $1,000 millones, tendría un repago variable: si a Puerto Rico le va mejor que lo que está proyectado económicamente en el cobro del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU), los bonistas pueden recibir un pago mayor, pero si a la Isla le va peor que lo proyectado, los bonistas solo reciben de acuerdo a lo que está proyectado hoy. La oferta de negociación es por $11,900 millones ($6,000 millones en efectivo, $4,900 millones en nuevos bonos y los $1,000 millones de IVC).

En un escrito el jueves, el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marxuach, presentó el IVC como un avance positivo, aunque expresó reservas sobre otra parte de la propuesta. “La introducción de un IVC es un avance novedoso y bienvenido, ya que ofrece una alternativa para mitigar el alto nivel de incertidumbre”, particularmente en lo que se refiere a proyecciones económicas postpandemia. Sin embargo, objeta que bajo la propuesta, el balance de la caja de dinero del gobierno comienza ligeramente por debajo de lo que se ha estimado como el mínimo necesario para las operaciones públicas y que ese indicador se proyecta peor para 2026 y 2030, lo cual pone en entredicho la capacidad del gobierno de sostenter el acuerdo en el largo plazo.

En la reunión, Peterson mantuvo su crítica a cómo la Junta ha manejado la quiebra hasta ahora.

“No creo que haya mucha gente complacida (con el proceso) fuera de esta industria de un billón de dólares”, dijo en referencia a lo que ha costado la quiebra al pueblo de Puerto Rico en distintos renglones.

“No es un billón”, le ripostó Jaresko.

“$800 millones, perdón”, le señaló Peterson.

Jaresko asumió un turno para consignar que el gasto de la Junta son $393 millones y que el resto son gastos de los distintos acreedores y también del Gobierno de Puerto Rico. A cambio, argumentó, la Isla ha logrado negociaciones que reducen su deuda en al menos $19,000 millones, ahorro de al menos $7,500 millones en la deuda de retiro y que se pudieron reducir las 173,000 reclamaciones que fueron presentadas por acreedores.

“Tengo que relanzar mi conexión, solo para que sepan que no me marcho”, dijo Peterson entre risas en otro momento y en alusión a su conducta en la reunión pasada.

Antes del cambio de administración en Estados Unidos, el 20 de enero, Trump y lideres congresionales republicanos podrían realizar otros tres nombramientos a la Junta, para consolidar una mayoría de 4 a 3 que representaría la influencia de Trump en ese ente por los próximos tres años.

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