Carlos «Johnny» Méndez Núñez asegura que no sabe lo que sucede en cada oficina legislativa, a la misma vez que afirma saber lo suficiente como para colaborar con autoridades federales.

Los arrestos de los representantes María Milagros “Tata” Charbonier Laureano y Nelson Del Valle Colón han provocado cuestionamientos a los controles administrativos de quien supone ser la máxima autoridad en este renglón: el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

En entrevistas radiales, televisivas y a prensa escrita —aunque no con este medio porque no respondió a la petición— Méndez Núñez renegó de esa responsabilidad, al citar que cada legislador es responsable de lo que suceda en sus respectivas oficinas, pese a que todos se nutren del fondo de la Cámara.

Sin embargo, el Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en su versión aprobada en el 2017, estipula las responsabilidades que Méndez Núñez, como presidente, tendrá a su haber, entre ellas la “selección, nombramiento, clasificación, ascenso, retribución, disciplina, cese, destitución, sanciones y todo lo relacionado a transacciones de personal y la promulgación de normas para la administración de éste”.

Basado en sus declaraciones, el máximo líder de ese cuerpo legislativo desconoce lo que sucede con el dinero que sostiene esa rama y en quiénes se gasta. No obstante, ha reiterado su estrecha colaboración con las autoridades federales, como el Negociado de Investigaciones Federales, y autoridades estatales en investigaciones precisamente sobre el proceder de legisladores y exlegisladores.

Es por eso que aseguró que no le sorprendió el arresto de Del Valle Colón, representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) en los distritos de Toa Alta y Bayamón, arrestado ayer por ocho cargos, entre ellos conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales y obstrucción a la justicia.

El reglamento añade entre los deberes del Presidente la “preparación, manejo y divulgación del presupuesto; control de compras y desembolsos de fondos públicos; administración de la propiedad y de sistemas para inventario de equipo y material; adopción de métodos de contabilidad; y contratación de bienes y servicios”.

En caso de no hacerlo directamente, el reglamento le provee la habilidad de designar a una persona que realice cualquiera de estas gestiones, pero son funciones realizadas bajo su tutela.

A lo largo del cuatrienio, Méndez Núñez ha promulgado diversas órdenes administrativas (OA) para restablecer oficinas o delegar la firma de contratos en otros empleados. De acuerdo al registro de contratos de la Oficina del Contralor, los acuerdos que continúan vigentes fueron firmados por Méndez Núñez o, en otras ocasiones, por el administrador de la Cámara, Moisés Cortés Rosado.

Cortés Rosado puede ejercer esas funciones debido a que una OA en julio de 2019 le confirió la habilidad de firmar contratos para adquirir bienes y servicios hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta que el Presidente cambie la instrucción.

En febrero de 2019, se creó nuevamente la Oficina de Finanzas y Presupuesto, que en el 2018 se había dividido en dos oficinas. En la OA no se designó a la persona que la dirigiría.

El 1 de agosto de 2019, mediante Orden Administrativa, Méndez Núñez delegó en Karen Torres Torres, directora de la Oficina de Capital Humano en la Cámara, “todo lo relacionado con las transacciones de personal, sujeto a las limitaciones reglamentarias”.

El pasado 26 de marzo, y a propósito de la pandemia del COVID-19, Méndez Núñez firmó una Orden Administrativa para autorizar el pago de salarios, a suplidores y a contratistas por depósito directo, porque esa tarea está entre sus poderes.

En sus entrevistas ayer, Méndez Núñez señaló que tendría que promulgar otra OA para controlar los aumentos salariales a empleados de legisladores. Parte del esquema por el que se arrestó a Charbonier Laureano y a Del Valle Colón yace en que los legisladores aumentaron el sueldo a empleados de su oficina con el fin de que los trabajadores les pasaran una comisión. Las transferencias, conocidas como “kickbacks”, generalmente se hacían a través de ATH Móvil o en efectivo.

Méndez Núñez afirmó que el aumento no era lo ilegal, sino el “kickback”, pero que de todas formas buscaría implementar salarios escalonados mediante un Plan de Clasificación y Retribución, “le guste o no le guste” a los legisladores.

Al preguntársele por los controles administrativos en la Cámara—o la ausencia de los mismos— para evitar que surjan conductas como las que se le acusan a Charbonier Laureano y a Del Valle Colón, el director de la Fiscalía federal en Puerto Rico W. Stephen Muldrow se limitó a decir “yo no voy a comentar sobre eso”.

A Charbonier Laureano y a Del Valle Colón les han pedido la renuncia y no serían los primeros representantes en salir durante este cuatrienio, bajo la presidencia de Méndez Núñez, por irregularidades en sus oficinas legislativas.

Estos son: Samuel Pagán Cuadrado, Guillermo Miranda Rivera y Ramón Luis Rodríguez Ruiz, todos del PNP.

La salida de Charbonier Laureano supone ser efectiva el 3 de septiembre. Del Valle Colón aún no ha presentado su dimisión. Ambos perdieron la contienda primarista del pasado domingo, por lo que no regresarán a la papeleta en las elecciones generales en noviembre.

Según ha trascendido, la colaboración actual de Méndez Núñez con el FBI implica a más legisladores del PNP y otros del Partido Popular Democrático.

Lee aquí el Reglamento de la Cámara: