Gobierno de Estados Unidos violenta derechos constitucionales de los residentes de Puerto Rico cuando niega la aplicación en la Isla de tres programas de beneficencia.

El juez federal de Massachusetts, William G. Young, decidió hoy que el Gobierno de los Estados Unidos violenta los derechos constitucionales de los residentes de Puerto Rico cuando niega la aplicación en la Isla de tres programas de beneficencia en la misma manera en que aplican a los residentes de los estados.

Se trata de la segunda sentencia que se registra en esa dirección. El otro caso, United States v. Vaello-Madero, implicaba la aplicación del programa de Seguro de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI, en inglés, un programa del Seguro Social), fue decidido por el juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo A. Gelpí, y fue refrendado por una decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston. Aún así, el Seguro Social se ha negado a cumplir con el mandato judicial y ha provocado incluso un caso nuevo, radicado después de la sentencia, precisamente para obligarlos a cumplir la sentencia.

El caso que decidió el juez Young hoy abarca no solamente el SSI, sino también el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y el subsidio de bajos ingresos de la Parte D de Medicare (LIS, por sus siglas en inglés). El razonamiento del juez fue similar y está controlado por la decisión del apelativo en Vaello Madero.

“La red de seguridad social federal es más débil y porosa en Puerto Rico que en el resto de la nación”, estableció el juez en su escrito que prohíbe que el gobierno federal ejecute los reglamentos de esos programas de una manera que excluya a los residentes de Puerto Rico y los prive de su aplicación plena. Esto está atenuado por su concesión a la solicitud del gobierno federal de que la sentencia no aplique por los próximos 60 días, excepto que el juez ordenó que aplique inmediatamente para los nueve demandantes en este caso radicado en abril de 2018.

Las justificaciones del gobierno federal para el trato discriminatorio fueron similares a las que presentaron en el caso de Vaello Madero: que los residentes de Puerto Rico generalmente están exentos del pago de contribuciones federales, que los costos de extender los programas serían muy altos para el fisco federal y que aplicar los programas completamente podrían causar una disrupción en la economía de Puerto Rico. Esto último se traduce a que se entiende que el dinero adicional evitaría el desarrollo económico y aumentaría la dependencia pública.

“[D]enegar acceso igual a los ciudadanos estadounidenses necesitados de las redes de los programas SSI, SNAP y LIS simplemente porque residen en Puerto Rico es inconstitucional, una afrenta a nuestro ideal americano de la justicia”, consignó Young.

El juez subrayó, sin embargo, que en la medida en que el gobierno federal ha dado algún tipo de trato a Puerto Rico bajo esos programas, su decisión no debe resultar en que la Isla reciba más dinero del que le toca, sino que el gobierno federal debe hacer los ajustes para cambiar la asignación actual por la asignación completa que representa el trato igual. “La Constitución (de los Estados Unidos) requiere igualdad, no beneficios duplicados”, acotó.

Según datos que el juez incluyó en la sentencia, un trato igual bajo el programa SSI implicaría que los residentes de Puerto Rico recibirían entre $1,500 y $1,800 millones anuales, en vez de los $24 millones que se reciben ahora. En el caso del programa LIS (que atiende los costos de medicamentos bajo Medicare) serían unos 493,984 residentes los que se beneficiarían del programa. En cuanto a SNAP, la cobertura del programa podría llegar a 1,140,000 hogares comparado con los aproximadamente 700,000 que cubre el programa regular de Asistencia Nutricional.

Para ver la sentencia del juez Young, pulse aquí.

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