La orden debe acatarse «inmediatamente».

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó hoy, viernes, al Departamento de Educación (DE) a reabrir «todos» los comedores escolares del país para alimentar a la población estudiantil en medio de la pandemia por coronavirus.

La determinación del juez Anthony Cuevas llega luego de que varias organizaciones se unieran en una demanda de clase contra el DE y su secretario, Eligio Hernández. Cuevas mandató al DE a complir con la determinación «inmediatamente».

«Se expide el Auto de Mandamus ordenándole al Departamento de Educación y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico que proceda inmediatamente, y sin demora alguna, abrir todos los comedores escolares que sean necesarios para alimentar a toda la población en estado de necesidad producto de la situación de emergencia provocada por el COVID-19, mientras dure el estado de emergencia», lee la sentencia firmada por el togado.

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Como parte de la determinación, el Juez declaró no ha lugar a una moción de desestimación sometida por el DE luego de que iniciaran operaciones varios comedores alrededor de la isla tras un intenso pulseo público.

No obstante, tan reciente como la pasada semana, el DE anunció el cierre temporero de 32 comedores escolares mientras la agencia realizaba pruebas confirmatorias de coronavirus a empleados que arrojaron un resultado positivo a los test rápidos.

«[L]os menores tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano, en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral, acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción, el cuidado, la protección, la alimentación nutritiva y equilibrada, el acceso a los servicios de salud, la educación, el vestuario adecuado, la recreación y la vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano”, cita el togado como parte de su sentencia y con base en la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores de 2011.

Mira a continuación la sentencia: