El Proyecto de Desarrollo Económico Comunitario y Derecho a la Ciudad y la Oficina Legal de la Comunidad, Inc. se juntaron para conocer cómo caseros e inquilinos manejaron la crisis.

El Proyecto de Desarrollo Económico Comunitario y Derecho a la Ciudad (Proyecto DeCiudad), de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Interamericana, y la Oficina Legal de la Comunidad, Inc., lanzaron hoy una encuesta para identificar el impacto de la emergencia causada por el COVID-19 en personas que son dueñas de una vivienda alquilada o que viven en un hogar alquilado.

La encuesta, dirigida a caseros e inquilinos, persigue documentar la situación de alquiler en Puerto Rico a partir de marzo de 2020, cuando se emitió la primera Orden Ejecutiva, que ordenó el cierre de operaciones no esenciales y la permanencia de personas en sus hogares.

“Nuestro proyecto comenzó a operar en octubre de 2017, después del paso del huracán María. En aquel momento, la pérdida de ingresos para caseros e inquilinos provocó, en gran medida, que muchas personas perdieran sus viviendas en medio de la emergencia. Nos preocupa mucho que la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 tenga consecuencias similares”, expresó la profesora Annette M. Martínez Orabona, abogada del Proyecto DeCiudad, en un parte de prensa.

La encuesta está disponible a través del portal Survey Monkey en el siguiente enlace: https://bit.ly/Encuesta_Alquileres_COVID. Llenar el formulario toma menos de diez (10) minutos y es completamente anónimo.

“Durante los ya más de dos meses de esta emergencia, hemos atendido situaciones de personas que perdieron sus ingresos y no pueden pagar la renta, de personas que están siendo amenazadas por sus caseros, y de caseros que dependen del pago de la renta para cubrir sus necesidades básicas. Queremos documentar esas historias con el fin de demostrar al Gobierno la necesidad de actuar para prevenir que un sinnúmero de personas se expongan a perder sus hogares en medio de una crisis en la que la recomendación principal del Gobierno es que la gente permanezca en esos espacios”, planteó el profesor Luis José Torres Asencio, abogado del Proyecto DeCiudad.

Cualquier persona que esté enfrentando dificultades para pagar su renta o su hipoteca, haya recibido amenazas de tener que abandonar su hogar, o esté enfrentando un proceso de cancelación de contrato de vivienda pública, de desahucio o de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, puede comunicarse con la Oficina Legal de la Comunidad o la Clínica de Asistencia Legal para recibir servicios.

“Las personas pueden llamar al 787-751-1600 o al 787-751-1912, Ext. 2158, y solicitar una cita. Se le tomará el nombre y número de teléfono, y se coordinará una llamada para abrir expediente y realizar la entrevista”, indicó Víctor Pagán Rivera, trabajador social comunitario del Proyecto DeCiudad.

El Proyecto DeCiudad existe gracias a una subvención de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Inc.