La empresa 313, LLC demandó al Departamento de Salud para exigirle que acepte las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 que la propia agencia había dicho que no quería recibir

La empresa 313, LLC., a la cual el Departamento de Salud le compró 101,500 pruebas serológicas para detectar el coronavirus COVID-19, demandó a la agencia por alegado incumplimiento de contrato al negarse a recibir 51,000 de esas pruebas con el fin de renegociar su precio.

En su demanda, suscrita por el abogado Miguel A. Negrón Matta, 313, LLC subraya que las pruebas serológicas marca Nova Test ya fueron pagadas por el Gobierno de Puerto Rico a un monto total de $3.2 millones. No obstante, Salud se ha negado a recibirlas porque llegaron a la Isla en una fecha posterior a lo establecido en la orden de compra.

Si bien 313, LLC reconoce en su demanda que hubo una tardanza de su parte, atribuye el retraso a circunstancias de fuerza mayor, reflejadas a nivel mundial de forma imprevista o inevitable, por lo que no le son imputables a la empresa ni le hace merecedora de penalidad alguna.

En conferencias de prensa y en entrevista con NotiCel, el secretario de Salud y codemandado, Lorenzo González Feliciano, manifestó su interés en demandar a 313, LLC por incumplimiento de contrato y llegar a un acuerdo de reducción del costo del producto para compensar por la dilación en la fecha de entrega. A su juicio, la empresa debería reducir el costo de las pruebas, compradas a $36 cada una el pasado 24 de marzo.

En la primera orden de 1,500 a la empresa, con fecha del 20 de marzo, Salud compró las pruebas a $45 cada una.

Sin embargo, González Feliciano vaticinaba que esos pleitos legales tendrían lugar en junio, por lo que 313, LLC tomó la delantera.

La petición de la empresa se resume en que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan especifique que no ha incumplido con su contrato, que Salud reciba las pruebas ya pagadas y que la agencia pública desista de su interés en reducir el precio de compra porque a la empresa no le corresponde penalidad por tardanza. La empresa añade que la posibilidad de renegociar el costo no fue incluida en la orden de compra.

Esta es la segunda demanda que somete la empresa contra Salud referente a las 51,000 pruebas serológicas, pues el pasado sábado, 2 de mayo, presentó ante la Sala de Remedios Extraordinarios un interdicto preliminar y sentencia declaratoria. Esa demanda fue desestimada por el Juez Anthony Cuevas Ramos “por falta de un daño irreparable al existir remedios ordinarios para la resolución de la controversia”.

En su nueva demanda, 313, LLC admite que 600 pruebas del primer cargamento de 1,500 arribaron 12 días más tarde del término establecido, pero Salud las recibió sin reparos el 12 de abril “por consideración a la situación fortuita de atrasos en el transporte de productos a nivel mundial”.

Un día después, el 13 de abril, Salud también recibió 49,000 de la segunda orden de 100,000 pruebas, entregadas con siete días de retraso.

“Las mismas fueron entregadas al Secretario Auxiliar de Administración del Departamento, el señor Johnny Colón González, y aceptadas sin ningún reparo, objeción o condición, e informando encontrarse en espera de las restantes cincuenta y un mil (51,000) pruebas, informándosele la etapa en que se encontraban para su recibo”, según la demanda, radicada el 5 de mayo.

Posterior a esa fecha, a partir del 15 de abril surgió un intercambio de cartas entre Salud y el manejador de 313, LLC, Ricardo Vázquez Hernández, para discutir el recibo de las pruebas serológicas, lo que desembocó en una reunión telefónica entre las representaciones legales de las partes que tampoco rindió frutos.

“El intento de renegociar un precio de prueba, bajo el pretexto de amenaza de pretender devolverle a 313 LLC cuarenta y nueve mil (49,000) pruebas, recibidas y aceptadas, es totalmente en contravención a los preceptos legales en nuestra jurisdicción”, exclamó la empresa.

La transacción a 313, LLC está en el ojo público desde el mes de marzo y es objeto de una pesquisa que realiza la Cámara de Representantes junto a la empresa de construcción Apex General Contractors (APEX).

Las compras a ambas empresas han sido tratadas de forma conjunta, pese a que son dos entidades diferentes. En su demanda, la empresa hace mención a esta confusión, a modo de solicitarle a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, que aclarara si la intención del Gobierno de Puerto Rico era cancelar el contrato con 313, LLC, tal como sucedió con APEX, y a modo de responder a una carta de petición de información de la Junta de Control Fiscal.

Durante una conferencia de prensa, Vázquez Garced defendió la compra a APEX y 313, LLC, pese a que durante esa semana se cuestionaba con mayor intensidad la transacción con la primera empresa, por ser una de construcción sin experiencia en servicios de salud.

La empresa 313, LLC enmendó sus artículos de incorporación el pasado 18 de marzo del año en curso para poder realizar negocios relacionados a la salud en la Isla. El cambio, reflejado en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, surgió dos días antes de la primera orden de compra.

Previo a las enmiendas, la empresa estaba autorizada a ofrecer servicios de consultoría, asesoría y gerencia general, además de desarrollo y operación de nuevos sistemas de software.

Mira la nueva demanda de 313, LLC: