Natalie Jaresko indicó que hay que pagar las pensiones a los retirados del gobierno de modo que «no requiera transferir esta carga al gobierno de Puerto Rico».

En un comunicado publicado en su perfil de Twitter, la Junta de Control Fiscal se mostró compacida tras la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, quien esta mañana revocó la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, mejor conocida como la Ley 29.

Con la anulación de esta ley, ya no se eximiría a los ayuntamientos de pagar el plan de retiro (‘Pay as you Go’) y el plan de salud de los jubilados, como tampoco se daría paso a otras resoluciones conjuntas que transferirían fondos a los municipios, pues estas, según Swain, se habrían hecho «en violación a la Ley PROMESA”.

“Esta es una decisión importante que apoyará los esfuerzos de responsabilidad fiscal en Puerto Rico”, subrayó la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. “El pago de pensiones a los retirados del gobierno debe asegurarse de forma tal que no requiera transferir esta carga al gobierno de Puerto Rico. Los municipios y el gobierno central tienen que presupuestar sus propios pagos para los jubilados de manera responsable y realista. La responsabilidad fiscal, un claro mandato de la Ley PROMESA, está cimentada en prácticas presupuestarias concienzudas y transparentes que garantizan que el gobierno pueda asumir siempre sus obligaciones”, puntualizó.

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“En este contexto, la Junta de Supervisión siempre ha apoyado y se mantendrá apoyando a los municipios”, apuntó Jaresko. “Solamente en los pasados seis meses, la Junta de Supervisión ha autorizado el incremento de apoyo al gobierno de $100 millones a fin de cubrir los gastos de los municipios relacionado con el COVID-19, y el desembolso de $15 millones tras los terremotos devastadores de principio de año”.

Según reza el comunicado expuesto por la JCF en Twitter, la Ley 29 «pretendía liberar substancialmente a los municipios de Puerto Rico de sus obligaciones y reembolsar al gobierno de Puerto Rico cientos de millones de dólares correspondientes al pago de pensiones y cobertura médica de sus jubilados, transfiriendo así esos costos al gobierno central con carácter permanente. Esta ley, que hubiese comprometido las finanzas del gobierno, era incompatible con el Plan Fiscal Certificado y fue promulgada en violación a la Ley PROMESA», señalan.

Asimismo, la JCF expone en el comunicado que — a su juicio — el impacto fiscal tras la revocación de la Ley 29 en los municipios debe ser «mínimo» por las siguientes razones:

• Como parte del Plan Fiscal Certificado, en el año fiscal 2020, la Junta de Supervisión asignó $132 millones en transferencias a los municipios. Pero como resultado de la Ley 29, esta asignación no se ha utilizado y puede utilizarse para contrarrestar la anulación de la Ley 29.

• Los reembolsos de fondos de Medicaid, de cantidades más altas a las esperadas, reducirán las aportaciones en gastos de cuidado médico que deben los municipios

• Los municipios presupuestaron sus contribuciones a la Ley 29, fondos que ahora pueden ser redirigidos al pago de pensiones y los costos de cuidado médico adeudados.

«La Junta de Supervisión está en constante comunicación con el gobierno y con el CRIM para discutir cómo los municipios pueden lograr sostenibilidad fiscal, a la vez que garantiza la continuidad en la la entrega de servicios prioritarios al pueblo de Puerto Rico. Esto debe incluir las políticas dirigidas a cumplir con el pago a sus jubilados, un mejor y mayor recaudo de impuestos sobre la propiedad, los ahorros necesarios como resultado de los servicios compartidos con otros municipios, así como otras medidas de eficiencia que garanticen que los municipios puedan atender a sus residentes de una manera fiscalmente responsable y sostenible», expresan en el documento.

«La Junta de Supervisión y el Gobierno están en el proceso de actualizar el Plan Fiscal con datos y proyecciones económicas actualizadas, que incluirá una evaluación de la situación fiscal de los municipios, la aportación y apoyo del gobierno central, así como la considerable y recientemente promulgada asignación de fondos federales para ayudar en la recuperación delos municipios, tras el impacto de los terremotos y el COVID-19», finalizaron.

En julio del pasado año, la JCF demandó al gobierno en un intento por invalidar la ley y las resoluciones aprobadas para allegarle fondos adicionales a los municipios, que enfrentan dificultades económicas. El ente federal arguyó que estas medidas eran inconsistentes con la ley federal Promesa y con el plan fiscal certificado, que, a juicio de Emanuelli, ahora tendrá que ser enmendado a la luz de la decisión de la togada.

Los abogados de Aafaf, que representa al gobierno en los casos de Título III o la quiebra gubernamental, habían instado a la jueza -que de acoger la petición de la JCF- les concediera un plazo de dos semanas previo a la entrada en vigor de su determinación para negociar un acuerdo con el organismo fiscal.

Los abogados también señalaron que ese tiempo les permitiría buscar una alternativa porque la anulación de la Ley 29 dejaría desprotegidos a decenas de municipios, que no podrían asumir los pagos en disputa.