Fue firmado al menos una hora antes de recibir las certificaciones requeridas, según evidencia en poder de la Cámara de Representantes.

La transacción de $38 millones entre el Gobierno de Puerto Rico con Apex General Contractors (Apex) para adquirir pruebas rápidas para detectar el coronavirus, o COVID-19, saltó procesos administrativos establecidos por las agencias, a modo que la persona encargada de dar el visto bueno para aprobar el acuerdo en el gobierno evaluó la cotización después que se había firmado el contrato.

Dicho de otra forma, y según se desprende de la segunda vista ejecutiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el procedimiento que la gobernadora Wanda Vázquez Garced insistió en que fue correcto y transparente obvió los procesos de compra establecidos por el Departamento de Salud, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y por un memorando de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Una serie de correos electrónicos revelados por los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Juan Oscar Morales Rodríguez y Gabriel Rodríguez Aguiló demuestran que el contrato con Apex fue firmado al menos una hora antes de haber recibido las certificaciones requeridas.

Los distintos pormenores de la compra debían ser aprobados por una serie de personas, de acuerdo al testimonio de Graciela Malavé González, deponente en la vista y cuyo trabajo consiste en ser el enlace entre Salud y NMEAD. Su responsabilidad, por ejemplo, se resumía en constatar únicamente que la compra estaba relacionada a la emergencia del COVID-19.

El visto bueno de Malavé González suponía dar pie a la continuación del trámite, aunque la funcionaria confesó que dentro de las agencias se podían encontrar otras vías de aprobarse los documentos.

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De acuerdo a su mejor recuerdo y los documentos que tenía de frente, Malavé González entró al portal WebEOC, una aplicación para asistir en la emergencia y tramitar solicitudes de suministros, a las 3:32 p.m. del 26 de marzo para revisar la forma 113 relacionada al contrato. El Formulario 113 es un documento que se adjunta al proceso de compra para tener constancia de lo que se está comprando.

“Yo tengo la evidencia aquí, a las 2:49 p.m. llegó firmado el contrato que Juan Maldonado le envía a Mariel Rivera Rivera. O sea, que antes de usted autorizar la orden de compra y dar el visto bueno, según especificaciones de OGP, alguien en el Departamento de Salud se había encargado de adelantar los trámites para firmar el contrato”, exclamó el representante Morales Rodríguez.

El Representante hizo referencia al ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Juan Maldonado de Jesús, quien envió un mensaje de texto el 22 de marzo al doctor Segundo Rodríguez Quilichini, quien lidera el “Task Force” Médico de asesoría para el COVID-19, para que se evaluara la contratación de su empresa para proveer equipos de protección personal y otro inventario médico.

Basado en los mensajes, en los que se hace alusión al ex asesor legislativo Eduardo “Tito” Laureano, el exfuncionario fue el contacto inicial para la hoy fallida compra millonaria de pruebas rápidas para COVID-19, que no tenían el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ni experiencia en la venta de material médico.

Rodríguez Quilichini, en cambio, catalogó los cuestionamientos sobre este particular como un “chisme” e insistió en que el “Task Force” Médico no intervenía en los procesos de compra.

Según los correos electrónicos, funcionarios de Salud ya habían enviado el borrador del contrato a Maldonado de Jesús y este último ya lo había firmado al menos una hora antes de Malavé González evaluarlo.

“Implica que había un acuerdo entre Manejo de Emergencias y este suplidor para los $38 millones de dólares. Es algo que tenemos que seguir investigando”, exclamó Morales Rodríguez a la prensa.

El recuento establece que Malavé González recibió a las 2:16 p.m. un correo electrónico de Mariel Rivera Rivera, analista de compras de Salud y que, en ese momento, trabajaba mano a mano y físicamente en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) junto a la entonces secretaria auxiliar de la agencia, Adil Rosa Rivera.

El mensaje contenía la cotización de las pruebas de COVID-19 que proveería Apex, así como datos del Formulario 113. Tres minutos después, González Malavé contestó el mensaje, con copia a Rosa Rivera y a la directora de la Oficina de Bioseguridad de Salud, Jessica Cabrera.

A las 3:32 p.m., y basándose en que ya la transacción contaba con el aval de Salud, González Malavé ingresó al portal WebEOC para revisar la información y certificar que el contrato cumplía con el requisito de ser para la emergencia, a pesar de que el contrato ya había sido firmado a eso de las 2:49 p.m. en otro correo electrónico.

“O sea, que antes de usted autorizar la orden de compra y dar el visto bueno según especificaciones de OGP, alguien en el Departamento de Salud se había encargado de adelantar los trámites para firmar el contrato”, cuestionó Morales Rodríguez.

“Basado en esos documentos, esos son los datos”, declaró Malavé González, quien subrayó bajo juramento que hoy, martes, era la primera vez que se enteraba de este proceder paralelo.

Desmiente a la Gobernadora

Malavé González insistió bajo juramento no tener poder decisional en Salud, pese a que la Gobernadora la nombró en su última conferencia de prensa como una de las empleadas que dio el visto bueno a la compra millonaria de las pruebas rápidas.

Reiteró, además, que no tenía experiencia en el área de compras y que no era empleada de la agencia, sino contratista desde el año 2011.

Malavé González es tecnóloga médica. Llegó a Salud en ese año por un proyecto especial sobre el dengue y luego fue convertida en gerente de evaluación de ejercicios en la Oficina de Bioseguridad y, posteriormente, coordinadora interagencial alterna en el COE.

“Le falta información”, mencionó la contratista sobre la Primera Ejecutiva, a la vez que rechazó que alguien en Salud le haya planteado preocupaciones con el contrato.

Durante la conferencia de prensa, Vázquez Garced fue enfática en que la compra fue evaluada por varios funcionarios de Salud, entre ellos Malavé González.

No obstante, contrario a las declaraciones de Vázquez Garced, Apex no había ofrecido servicios a Salud, o al menos así no se desprende del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

La empresa sí ha sido contratada, en cambio, por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Superintendencia del Capitolio de Puerto Rico y por la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), para asuntos relacionados a viviendas, escombros y mantenimiento de acondicionadores de aire.

“Graciela Malavé no interviene en procesos de compra. Mi rol dentro de la 113 es que las agencias completen esas formas 113 y mi rol es verificar que [las formas] esten directamente relacionadas a la emergencia. Yo no lo evalúo porque yo no estoy dentro de ese proceso de compra como tal. Al yo no ser compradora, no tengo la información. Al yo ver la 113, que es lo único que yo veo, pues está relacionado a Salud”, recalcó Malavé González.

Basado en la información que recibió por correo electrónico, Rosa Rivera quedó encargada de todos los procedimientos y cuyo nombre debía aparecer como quien otorgó el permiso, porque ese día la doctora Concepción Quiñones de Longo estaba por renunciar a su cargo como secretaria interina de la agencia.

“Tal y como ha trascendido aquí, como es mi firma la que está, yo estoy quedando como si fuera la responsable de que esto hubiera ocurrido y está recayendo sobre mis hombros”, lamentó Malavé González.

En la primera vista ejecutiva, Quiñones de Longo aseguró que otros empleados de la agencia y asesores ligados a La Fortaleza actuaron por encima de su rol como jefa en la toma de decisiones y en la ejecución de compras millonarias ante la emergencia del COVID-19.