Teresita Fuentes elaborará política pública que permita el crecimiento del sector manufacturero en la isla. Devengará hasta $30,000 mensuales.

La exsecretaria de Hacienda Teresita Fuentes recibió una encomienda de la Junta de Control Fiscal (JCF) para evaluar el estado de la industria manufacturera en Puerto Rico y elaborar política pública que permita ampliar su presencia en la isla.

Esta contratación ocurre en momentos en que se discute públicamente la posibilidad de que la isla vuelva a convertirse en un centro de producción farmacéutica para aminorar la dependencia de Estados Unidos a los medicamentos elaborados en la China, que quedó al descubierto con la pandemia del coronavirus. La propia JCF y a gobernadora Wanda Vázquez Garced favorecieron esta propuesta.

El contrato a la contadora pública autorizada (CPA) también se da en el contexto de la advertencia del Tesoro federal de que eliminará el crédito o reembolso que reciben las multinacionales con operaciones en la isla por el pago a nivel local del arbitrio de Ley 154 de 2010 o impuesto a las foráneas como se le conoce popularmente.

Antes de renunciar a la jefatura de Hacienda en enero de 2019 por discrepancias con el manejo de agencia, Fuentes inició conversaciones con algunas de estas empresas con miras a tratar de enmendar sus decretos contributivos. El impuesto a las foráneas representa cerca del 30 por ciento del presupuesto de Puerto Rico.

Fuentes y la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko firmaron el contrato de 127 páginas -incluyendo anejos- el pasado 5 abril. Tres días después, la JSF colgó el documento en su página web. Por el contrato, que empezó el 8 de abril y se extiende hasta el 30 de junio, Fuentes podría devengar hasta $30,000 mensuales con un tope de $90,000 por el periodo de tres meses que dura la contratación.

Específicamente, el contrato asigna a Fuentes la tarea de dialogar con miembros del sector de farmacéutico, de biotecnología y de dispositivos médicos, así como otros sectores identificados por el ente federal, para conocer sus necesidades y trazar una política pública.

“Analizar la interacción de la legislación propuesta que se aprobará en el Congreso con las leyes e incentivos fiscales de Puerto Rico para proponer los cambios necesarios y redactar la legislación local que pueda ser necesaria”, consigna el contrato sobre el alcance de la tarea.

El contrato también incluye una cláusula que impide a Fuentes hablar con periodistas u ofrecer declaraciones públicas.