La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia de Puerto Rico dijo que continúa evaluando el acuerdo que hicieron los transportistas marítimos.

El Departamento de Justicia federal se sumó a las voces del gobierno federal que han mostrado reservas con el “acuerdo de cooperación” que hicieron los transportistas marítimos Puerto Rico Terminals LLC (Tote) y Luis A. Ayala Colón Sucrs. Inc. para operar en los muelles de San Juan como la entidad Puerto Nuevo Terminals LLC (PNT), lo cual provocaría que la carga que llega a la isla quede en solo dos manos: la nueva entidad y Crowley.

La postura de Justicia federal es de carácter preliminar, busca empujar más intervención de parte de la Comisión Marítima Federal (CMF) y está contenida en una carta del 17 de marzo de 2020 que suscribió Makan Delrahim, de la Divisón Antimonopolística.

El acuerdo de las empresas entró en vigor el 29 de agosto de 2019 y tuvo la aprobación, con reservas, de la CMF. La nueva entidad pasa a controlar el 90 por ciento del movimiento de carga marítima en la isla y el acuerdo dispone que no habría cambio de precios, pero solo hasta este año, 2020.

La creación de PNT ocurrió sin que el Gobierno de Puerto Rico interviniera para revisarlo, y mucho menos detenerlo. Cuando la Legislatura le cuestionó al entonces director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira Zayas, sobre la inacción oficial, el funcionario indicó que la postura del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares era que no había nada que hacer sobre eso. La comisionada residente, Jennifer González Colón, tampoco intervino.

La CMF la aprobó con reservas y en la carta de Delrahim, dada a conocer en un comunicado del representante José Aponte Hernández, esas reservas se mantienen y aumentan. Solo la Comisión Conjunta de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus, Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes y la senadora popular Rossana López León han fiscalizado el acuerdo.

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Entre otros extremos, la carta de Dickson indica que no importa el intento de las empresas de presentar el acuerdo como algo meramente operacional que no implica una fusión, las autoridades deben examinarlo como una fusión y aplicarle los criterios de daños a consumidores y al mercado que puede traer.

Las quejas levantadas después del anuncio del acuerdo son “dignas de consideración cuidadosa”. “El Departamento (de Justicia federal) cree que el Acuerdo Enmendado hace nada para mitigar los efectos potencialmente anticompetitivos de esta operación conjunta, ya que las enmiendas no parecen cambiar el hecho de que PRT y Ayala ya no competirán de manera independiente en el futuro”, dice la carta.

A pesar de toda actividad, el Departamento de Justicia de Puerto Rico sigue sin publicar su evaluación de la transacción. Evaluación que, de hecho, comenzó después de que se levantó la voz de alerta de los efectos de la transacción ya que, antes cuando la ahora gobernadora Wanda Vázquez Garced era secretaria de Justicia, no se había movido con relación a la transacción.

NotiCel solicitó hoy conocer el resultado de la evaluación de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia de Puerto Rico y la respuesta fue que “continuamos trabajando en este caso arduamente, aún bajo la cuarentena, nuestro personal se mantiene trabajando remoto en el mismo”.

La carta de Justicia federal, y la evaluación de Justicia de Puerto Rico, abonarían al expediente de la CMF, que todavía tiene autoridad para incidir sobre el acuerdo entre las compañías.

Vea la carta aquí.