El contratista legislativo Isoel Sánchez Santiago, arrestado el 30 de mayo pasado por su participación en un esquema de facturas fantasmas bajo su contrato legislativo violentó sus condiciones de libertad supervisada, imputó la Oficina de Probatoria del Tribunal Federal.

Tanto Sánchez Santiago como su compañera, la también acusada Chrystal Robles Báez, debían ser sentenciados hoy tras declararse culpables el pasado el 28 de junio pasado. El juez federal Francisco Besosa fijó nueva fecha de sentencia para el 6 de febrero.

La posposición de hoy tiene que ver con una solicitud del fiscal Timothy R. Henwood debido a conflictos de calendario, pero el expediente electrónico del caso da cuenta de que Sánchez Santiago tiene pendiente una imputación de violación a sus condiciones de libertad sometida ayer, 27 de enero.

El tribunal ordenó mantener confidencial la moción, por lo que se desconocen los hechos con los que supuestamente Sánchez Santiago violentó sus condiciones. El contratista tiene fianza de $10,000 con varias condiciones estándares, entre las cuales están no violar la ley, alertar de cambios de dirección mantenerse en búsqueda de empleo, obtener autorización antes de abandonar la jurisdicción, reportarse a la Oficina de Probatoria, no ingerir alcohol excesivamente, someterse a pruebas de uso de drogas, no contactar a testigos e informar cualquier interacción que tenga con las autoridades de ley y orden.

El tercer acusado en el caso, el exdirector de la Oficina de Asuntos Gubernamentales (OAG) y de la Junta de Subastas del Senado, así como expresidente de la Asamblea Legislativa de Bayamón, Ángel Figueroa Cruz, tuvo una posposición de su sentencia para el 25 de marzo por razones médicas.

Figueroa Cruz también se había declarado culpable por lo que el desfile de evidencia en este caso, incluyendo una intervención del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz como testigo de la fiscalía, no ocurrió.

La acusación contra el trío se centra en que los contratistas Sánchez Santiago y Robles Báez cobraron por trabajo no realizado a través de las empresas International Legislative and Government Consulting Group (ILGCG) y Global Instant Consulting Group (GICG), pero hay múltiples reportes periodísticos, incluyendo de NotiCel, que dan cuenta de cómo la OAG tiene en nómina o entre sus contratados a varios expolíticos o candidatos que tienen en común el apoyo a Rivera Schatz. En est ecaso, Robles Báez manejaba un establecimiento de crepas que tiene la pareja en Humacao a la misma vez que se supone cumpliera funciones bajo su contrato público.

Al anunciar los arrestos, la exjefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, indicó que ‘este es el primer caso que radicamos por los famosos empleados fantasmas en un esquema para defraudar al Gobierno de Puerto Rico… Cuando digo que es el primero estoy siendo explícita. Es el primero de muchos más’.