Abogados de la demandante no lo han conseguido

La representación legal de la exabogada del Municipio de Guaynabo, Ines María Jelú Iravedra, consignó al Tribunal Federal que para el juicio que comienza hoy por supuesto hostigamiento sexual en el ayuntamiento no han dado con el exalcalde Hector O’Neill García para que testifique.

El abogado Jose F. Quetglas Jordán indicó al juez Raúl Arias Marxuach que no ha localizado al exalcalde en su última dirección conocida, por lo que pidió que se le permita introducir como prueba la deposición que le tomó el 14 de agosto de 2017.

Es una de las controversias que atenderá el juez hoy para el caso cuyo comienzo quedó sellado despues de que el viernes pasado la Legislatura Municipal de Guaynabo rechazara cubrir con fondos públicos una oferta de transacción de $600,000 que hizo la demandante.

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Ayer, el actual alcalde, Ángel Perez Otero, se lamentó de que atender los casos de hostigamiento sexual que surgieron durante la incumbencia de O’Neill García le han costado a la ciudad ya unos $2 millones y que un veredicto de responsabilidad en el caso de Jelú Iravedra le representaba hasta otro millón de dólares adicional.

Sin embargo, según documentos radicados ayer, el municipio se prepara para defenderse de las alegaciones de la abogada estableciendo que sometió su querella por hostigamiento tres días despues de que sus supervisores discutieran una evaluación de desempeño desfavorable para ella, por lo cual intentan presentar que la querella no tiene credibilidad porque fue en respuesta a su mal desempeño en el empleo.

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Presentarán tambien el informe de la querella que sometió como oficial examinador el actual senado Miguel Romero, quien en ese entonces concluyó que la querella no tenía merito. Romero tambien busca ahora una candidatura del Partido Nuevo Pogresista para la alcaldía de San Juan.

La demanda no es contra O’Neill García, sino contra su hijo, Hector O’Neill Rosa y contra el ayuntamiento, pero su hijo ya transó el caso, quedando solo la ciudad como parte demandada. El caso comenzó en 2016 y en las alegaciones se incluye que tanto el exalcalde como su hijo trataban la alcaldía como su haren personal en un ambiente de hostigamiento tan abarcador que en la cultura del lugar se daba por sentado que para que las empeladas mujeres tuvieran adelanto en sus empleos tenían que acostarse con el exalcalde o su hijo.

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