También resucitan la Comisión de Auditoría

La Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) ha recibido un sinnúmero de críticas a más de dos años de su vigencia, que ahora, el congresista demócrata Raúl Grijalva intenta subsanar con enmiendas al estatuto creado bajo la presidencia de Barack Obama.

Un documento de poco más de 30 páginas, en poder de NotiCel, detalla las enmiendas propuestas para la Ley que mantiene un proceso de quiebras sobre Puerto Rico con una deuda de más de $70,000 millones, delegado a la jueza Laura Taylor Swain.

A continuación detallamos algunas de las enmiendas propuestas:

Definición de servicios esenciales: Se propone definir como servicio esencial la educación publica, la seguridad, las pensiones y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Para esta última se establece que el presupuesto anual debe ser de $800 millones, distinto a la visión de la Junta de Control Fiscal (JCF) que ya aprobó un Plan Fiscal que establece reducciones anuales a las asignaciones que el Gobierno de Puerto Rico destina a la UPR y que además o

rdenó la eliminación de las exenciones para estudiantes de nuevo ingreso. La posibilidad de declarar las pensiones como servicios esenciales ocurre mientras la misma JCF ya

propuso ante Swain un recorte que en algunos casos, implica un 8.5% menos del salario de los retirados. En la propuesta no se aborda esa reducción.

Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE): Las enmiendas crean un coordinar de revitalización para la corporación pública que debe nombrar el Presidente de Estados Unidos tras conversaciones con el gobernador de Puerto Rico. El Coordinador de Revitalización deberá tener un conocimiento sustancial y experiencia en la gestión exitosa de servicios públicos y no puede haber sido empleado por el Gobierno en tres años anteriores. Entre sus responsabilidades figura supervisar las operaciones generales de la AEE, coordinar la revitalización del sistema eléctrico de la isla y hasta diseñar planes para mejorar la eficiencia de la red, además de ofrecer prioridad a la transición de la AEE, que todavía no arranca en su plan de privatización. Anteriormente, una movida parecida, en la cual la Junta intentó imponer un

síndico a la AEE, fue frenada en el tribunal por el Gobierno de Puerto Rico.

Crecimiento económico: Se indica que la enmienda busca ‘aumentar el ingreso medio en Puerto Rico’. Sin embargo, no se aborda cómo podría lograse ese objetivo más allá de apuntar a la ‘creación de empleos’.

Acceso a la información: Se establece que cualquier documento, registro o información relacionada a la deuda pública se interpretará ‘a favor de promover la transparencia y el derecho público a esa información’, por lo que deberá entregarse. Esta encomienda surge en medio de varios pleitos que

han llevado el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la entidad fiscal por no entregar comunicaciones, informes y datos sobre sus miembros.

Obligaciones aseguradas: Busca agregar a los pensionados y/o cualquier empleado del Gobierno de Puerto Rico a quien se le adeude algún pago por beneficio de jubilación, un reembolso de impuesto o algún otro beneficio de atención médica, como obligación asegurada.

Auditoría de la deuda: Se establecerá una Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público que tendrá como tarea encomendar la auditoría y contratar personal para esa labor. Como parte de los trabajos, la Comisión será la encargada de emitir citaciones que requieran la asistencia y testimonio de testigos si lo consideran necesario ante los hallazgos que se produzcan. Del mismo modo, la Comisión debe reunirse, como mínimo, una vez al mes. La isla ya contaba con una Comisión para auditar la deuda, creada bajo la administración de Alejandro García Padilla, sin embargo, tras la juramentación del renunciante Ricardo Rosselló Nevares, este

optó por disolver el organismo.

Pulsa aquí para v e r las enmiendas.