Por comunicaciones indebidas con la agencia.

El Tribunal de Apelaciones (TA) dejó sin efecto la reconsideración de una subasta mediante la cual el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) había adjudicado un nuevo contrato de comisaría, lavandería y cafetería para la población correccional de $300 millones que resultó ser $85 millones más caros que el licitador perdidoso.

De hecho, fue ese licitador perdidoso, TKC Intermediate Holdings, a través de sus empresas en Puerto Rico, Trinity Services I LLC y TSG Puerto Rico LLC, la que sometió la impugnación al contrato de Carolina Catering Corporation (CCC) en un proceso en el que, además del expediente de subastas, sometió correos electrónicos que calificó de comunicaciones indebidas entre la Junta de Reconsideración de Subastas y el DCR.

El panel de jueces apelativos utilizó uno de esos correos como base para dejar sin efecto la reconsideración, que favorecía a CCC y devolver el proceso al foro administrativo para que allí se siga con el trámite que, aunque no se dicta cuál será, se supone que sea reiniciar el proceso de reconsideración ya que la determinación del tribunal solo atiende la etapa de reconsideración y no entró en los méritos de la adjudicación de la subasta original.

El panel está compuesto por los jueces Abelardo Bermúdez Torres, Grace Grana Martínez (quien fue temporeramente suspendida como juez mientras se investigó, y archivó, una alegación de actuación indebida en su contra como exsubsecretaria de la Gobernación de la Administración Fortuño) y Roberto Sánchez Ramos (exsecretario de Justicia en la Administración Acevedo Vilá).

CCC fue imputada de recibir el beneficio del cabildeo del exdirector de campaña de Ricardo Rosselló, Elías Sánchez, pero tanto Sánchez como la empresa negaron que tuvieran ese tipo de relación.

‘Contratos aprobados, o trabajos adjudicados, a individuos o compañías que no eran las ofertas más bajas y que pueden haber sido significativamente menos calificados que otros competidores para el contrato o la posición’, es uno de los esquemas de corrupción gubernamental sobre los que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ha pedido cooperación ciudadana.

La decisión del tribunal se centra en un correo electrónico que remitió el Presidente de la Junta de Reconsideración de Subastas a todos los miembros de dicha Junta en el que les pasa la recomendación del licenciado Eduardo J. Rivera Juanatey, secretario auxiliar del DCR, de que se preste atención a cómo un tribunal resolvió a favor de la agencia algunos señalamientos que Trinity había presentado para impugnar la subasta.

Como secretario auxiliar del DCR, Rivera Juanatey es mano derecha de Rolón y fue el funcionario que echó a correr la subasta de estos servicios mediante una recomendación a esos efectos dirigida a la Junta de Subastas. Hoy mismo, la gobernadora dejó sin efecto un nombramiento que había hecho su antecesor, Ricardo Rosselló, para que Rolón fuera jefe también de la Administración de Financiamiento de la Vivienda y dejó sin efecto el diferencial de salario que se le había aprobado para ello.

El Procurador General del Departamento de Justicia, defendió que ese correo electrónico era parte de un trámite normal y no era algo irregular, pero el panel de jueces determinó que no. El correo habría sido anejado por error al expediente al que tuvo acceso Trinity, por lo que no era la intención de que fueran parte de ese expediente.

‘El correo electrónico revela una comunicación entre una de las partes y el ente adjudicador, en la que la parte que solicitó reconsideración no participó y no tuvo conocimiento. Además, sugiere que la Junta pudo haber utilizado información provista por el (DCR) para fundamentar su decisión, sin el conocimiento de la recurrente. La actuación de la Junta no es cónsona con la política pública que persigue la competencia equitativa de los licitadores, ausente de presiones externas. Cualquier procedimiento que ponga en duda el cumplimiento de esos principios, no puede superar el escrutinio de nuestra revisión judicial. Menoscaba la razonabilidad de la determinación administrativa, cuando la agencia no observa rigurosamente sus propios reglamentos’, indicaron.

Al limitar el ámbito de su decisión al efecto que tuvo el correo electrónico, el panel de jueces dejó sin discutir alegaciones de Trinity de que el proceso de adjudicación del contrato fue errado porque: se utilizó un proceso de evaluación de propuestas en vez de una subasta formal, al realizar la licitación sin tener presupuestados los $300 millones que implica la adjudicación de contrato, al adjudicar a CCC cuando supuestamente ésta no presentó fianza de licitación válida, ni una oferta dentro de los límites competitivos, ni cuenta con ‘estabilidad y condición financiera’, ni ‘cuenta con el personal ni con la experiencia’. Trinity alegó también que el DCR manipuló y limitó el acceso de Trinity al expediente administrativo, la Junta de Subastas no documentó correctamente el proceso de licitación y al manejar de manera arbitraria y caprichosa tanto la subasta como la reconsideración.

Los procesos están paralizados desde el 8 de mayo de 2019 por el trámite judicial.

Tras la publicación original de la noticia, el presidente de Carolina Catering, José A. Algarín, reaccionó indicando que la determinación del Tribunal de Apelaciones de devolver para revisión la adjudicación de la subasta para los alimentos de los confinados es un paso que ‘no nos preocupa, lo aplaudimos,

porque hemos licitado en ley, cabalmente y cumpliendo con las normas más estrictas y en total cumplimiento con los requerimientos de la Agencia.’. Algarín enfatizó que su empresa es puertorriqueña y Trinity es ‘extranjera’.

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