[EDITORIAL]

El discurso que ha asumido el Gobierno de Puerto Rico para reaccionar a las serias imputaciones de mafias y esquemas de extorsión que funcionarios y sus familiares han denunciado podrían provocar un detrimental efecto no solo sobre la confianza de la ciudadanía respecto a cómo se abordan las denuncias que puedan hacer voces oficiales sobre prácticas cuestionables o corrupción, sino sobre la confianza de los propios trabajadores públicos para denunciar delitos sin temor a represalias.

Esta semana, el Principal Oficial Financiero del gobierno, Raúl Maldonado Gautier fue despedido de sus cargos por denunciar una ‘mafia institucional’ en el Departamento de Hacienda sin antes comunicarlo al gobernador Ricardo Rosselló Nevares. El martes, su hijo Raúl Maldonado Nieves, insistió en los señalamientos que hizo de que el Gobernador es corrupto y que ordenó que se cambiara el informe de la auditoría que hizo la empresa BDO sobre el manejo de los vagones con ayuda para damnificados del huracán María extraviados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El gobierno, por voz del secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, ha decidido contrarrestar estas acusaciones que implican corrupción y actos criminales con un discurso de guapetón de barrio, típico de una pelea callejera o en el peor de los casos, de un duelo vulgar entre usuarios de redes sociales.

‘Cualquier funcionario o contratista que se haya desviado o que tenga información que se haga pensar que se desvió, no tiene cabida en este gobierno. Y reitero como dije, cualquier funcionario que se desvíe de la ley, de aquí somos los primeros que le vamos a volar la cabeza porque no tienen cabida en este gobierno’, dijo Maceira.

Resalta que, a la vez que el gobernador Ricardo Rosselló critica a Maldonado Nieves por su ‘incoherencia’ y por el lenguaje soez que utilizó en redes sociales para hacer sus denuncias de corrupción, despliegue a su principal portavoz para amenazar con ‘volar la cabeza’ a los funcionarios que se ‘desvíen’.

A esto se añaden expresiones del subsecretario de la Gobernación, Erik Rolón, de que ‘no podemos permitir que haya en el gobierno personas que no sean leales al Señor Gobernador o a la Administración Central’.

Más allá de la capacidad de modelaje que deben tener los ejecutivos públicos, las expresiones resultan preocupantes porque vienen de un representante del Gobernador y están dirigidas a los miembros de una estructura de gobierno que está asediada por investigaciones que requieren de la cooperación de esos funcionarios con los investigadores. De hecho, ya hay una lista de funcionarios, incluyendo el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, que han tenido que contestar preguntas a las autoridades federales. De paso, si mienten en esas contestaciones, ya eso de por sí sería un delito.

Entonces, ¿lealtad a quien es que están reclamando los funcionarios Maceira y Rolón? ¿Al Gobernador, aunque implique mentir u obstruir la justicia? ¿A la verdad, aunque implique provocar la ira del Gobernador y sus lugartenientes?

En el gobierno de los Estados Unidos y la opinión pública todavía está latente la tormenta de la investigación de Robert Mueller sobre el presidente Donald Trump, incluyendo las revelaciones de cómo Trump pudo haber obstruido la justicia al tratar de afectar e influenciar la investigación mediante órdenes a sus subalternos y hasta expresiones suyas en Twitter.

En su respuesta a esta crisis de gobernanza y credibilidad, las ‘altas esferas’ de Fortaleza harían bien en repasar el informe Mueller, especialmente la parte que dice que la razón por la que a Trump no se le acusó de obstrucción es por las dudas legales sobre si se puede acusar a un Presidente en funciones.

Esas dudas no existen en los casos que tengan que ver con funcionarios estatales. De hecho, no existen cuando la alternativa es acusar a un gobernador en funciones, como ya ocurrió en Puerto Rico.