Abogó por mayores controles y respeto a leyes

Cuando un empleado legal de Walmart levantó la voz de alerta sobre el esquema de corrupción que enfrentaba la multinacional que más de una decada despues desbordaría en una multa millonaria para el gigante, fue una puertorriqueña la que intentó atender la situación, pero culminó en su renuncia tras desacuerdos con altos ejecutivos.

Según se había reportado en aquel entonces por el New York Times, en septiembre de 2005, la abogada Maritza Munich recibió información de que la empresa multinacional había pagado unos $24 millones en sobornos a funcionarios internacionales para expedir licencias y permisos que facilitaran la construcción de nuevos establecimientos en Mexico. De inmediato, la entonces consejera general de Walmart viajó al país hispano para investigar la situación. Un año despues de que surgieran las alegaciones, la abogada renunció a su puesto, aunque las razones de esta decisión no son conocidas.

Munich había exhortado la implementación de medidas y políticas que atajaran la corrupción. Luego de que surgieran las alegaciones de sobornos, continuó abogando por la implementación de nuevas políticas tanto a nivel local como internacional, pidiendo además que se contrataran firmas independientes para investigar la corrupción y que no se dejara en manos de individuos involucrados.

Previo a su salida, la abogada exhortó a la empresa a que expandiera la investigación, mientras altos ejecutivos de la compañía debatían si debían investigar el suceso a fondo o no.

En una investigación del 22 de abril de 2012 del New York Times se reveló que muchos ejecutivos en Walmart consideraban los sobornos en Mexico como parte de la cultura de negocios del país y no veían problema el esquema, pero Munich argumentaba que se debía tener igual respeto a las leyes de Mexico como a las leyes de los Estados Unidos.

‘El soborno de oficiales de gobierno es una ofensa criminal en Mexico’, explicó Munich en un memorando que compartió previo a su salida de Walmart.

El caso salpicó hasta las operaciones de Walmart en Puerto Rico en donde surgieron denuncias por maltrato a empleados. En ese tiempo las labores de la multinacional en Puerto Rico eran presididas por el mexicano Ignacio Perez Lizaur quien ocupó el cargo de octubre 2003 hasta agosto 2006.

En esa investigación, la abogada argumentó que el proceso era llevado a cabo por un subalterno de Perez Lizaur, quien pidió se le mantuviese al margen de la investigación.

‘Necesitamos directrices claras sobre cómo manejar estos problemas en el futuro’, advirtió Munich en una comunicación en aquel entonces.

Walmart se declaró culpable por corrupción a nivel internacional y acordó pagar más de 282 millones de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. y al Gobierno estadounidense para evitar ir a juicio, según se reveló esta semana.