Piden comisión especial para atender la emergencia

Son más de 250,260 viviendas en riesgo de ejecución hipotecaria en Puerto Rico. Las cifras reales trascienden las que publica la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que no incluye los casos en el tribunal federal de quiebra.

‘Según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la cifra de viviendas ejecutadas por los bancos entre 2016 y 2018 ha bajado, pero eso es una merma artificial pues OCIF no incluye los prestamos vendidos o presentados ante el tribunal de quiebra, ni las subastas o hipotecas revertidas, conocidas como reverse mortgage’, alertó Ricardo Ramos, director de la Clínica sobre Ejecuciones de Hipotecas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Ante la alarmante cifra de personas que enfrentan la posibilidad de perder su vivienda este año, la organización Ayuda Legal Puerto Rico alertó que se avecina una ‘emergencia nacional’ por estimar que más de un 25 % de la población o más de 750 mil personas están afectadas. Aunque se esperaba un aumento en el 2017, las moratorias a los pagos de hipotecas y el cierre temporero de los tribunales aplazó los casos creando una merma artificial.

La organización analizó todas las cifras: hipotecas con más de 90 días de atraso; quiebras, cuentas vendidas a otras instituciones financieras; propiedades en subasta, en ejecución, sometidas al tribunal federal, y en moratoria de pagos. Todos los casos totalizan más de 250,260 viviendas en riesgo.

‘El huracán María dejó 300 mil viviendas afectadas en un país que ya sufría una crisis económica y tiene un nivel de pobreza de entre 42 y 53 por ciento de su población. En 2017, el año que pasaron los huracanes Irma y María, se registraron 16 ejecuciones de hipotecas por día. Este año, solo en los dos primeros meses (enero-febrero 2019), 459 viviendas fueron ejecutadas por los bancos, lo cual es alarmante, y nos motivó a crear este protocolo para ayudar tanto a personas como a instituciones a enfrentar la situación’, indicó la directora ejecutiva de la organización Ariadna Godreau-Aubert.

La Directora junto a los abogados Ricardo Ramos y Tania Morales Cruz, analista de Políticas Públicas de ALPR, revelaron las cifras reales de ejecuciones así un novel ‘protocolo de primeros auxilios para armar a las personas, proveedores de servicios y organizaciones sin fines de lucro con las herramientas e informaciones necesarias sobre sus derechos’.

El ‘protocolo de primeros auxilios’ de la organización recomienda varios pasos para que las instituciones proveedoras de servicios puedan identificar y canalizar los casos de ejecución de hipotecas de forma adecuada y los dueños de prestamos conozcan sus opciones.

En la mayoría de las ocasiones es posible detectar cuándo una persona se encuentra en riesgo de que su vivienda sea ejecutada. Si la persona no ha incumplido con un pago pero se contempla que eventualmente tendrá dificultades para cumplir, se puede solicitar al banco una negociación para mejorar las condiciones del prestamo hipotecario y salvar la propiedad. Ninguna persona puede ser removida de su casa por el banco. Se requiere que se inicie y complete un proceso judicial, profundiza el documento.

El grupo concluyó la presentación de sus hallazgos y recomendaciones haciendo un llamado a la banca para que haga más accesible la información a su clientela y adoptar criterios de responsabilidad social; y al gobierno, a ‘declarar un estado de emergencia ante la avalancha de ejecuciones de hipoteca que se avecina’. El gobierno, añadió, debe tomar medidas para paralizar todos los procesos, incluyendo subastas, y convocar una comisión especial para atender la crisis hipotecaria en Puerto Rico.

Ayuda Legal Puerto Rico es una corporación sin fines de lucro con un enfoque social que provee educación y apoyo legal gratuito a personas y comunidades de bajos y moderados recursos. Más información sobre la organización, sus servicios y el nuevo protocolo en https://ayudalegalpr.org.