Pero insisten no demandarán funcionarios del BGF

El Comite de Reclamaciones Especiales de la Junta de Control Fiscal (JCF) adelantó que han identificado causas de acción contra 27 ‘underwriters’ (corredores ), 9 firmas legales y 5 firmas de contabilidad por incumplimiento de deberes fiduciarios, ayudar e instigar incumplimiento de estos deberes, enriquecimiento injusto y transferencias fraudulentas en las emisiones de deuda del Gobierno de Puerto Rico.

La revelación, que surgió durante la vista ómnibus de Título III por voz del abogado del Comite de Reclamaciones, Edward S. Weisfelner del bufete Brown Rudnick, fue lanzada a manera de atender los señalamientos del Comite de Acreedores No Asegurados (UCC) sobre la falta de demandas identificadas por la JCF de cara a la expiración del estatuto de limitaciones para llevar estas demandas el próximo 2 de mayo.

Aunque las identidades de los ‘underwriters’, firmas legales y firmas contables permanecen selladas en una moción en poder del tribunal, la jueza Laura Taylor Swain ordenó divulgar esos documentos a partir del 15 de mayo. Sin embargo, por lo manifestado por el UCC en mociones y según afirmó Weisfelner en corte, ese listado no incluirá individuos contra quien podrían identificarse potenciales demandas.

En el caso del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sostuvo que el marco legal vigente confiere inmunidad a funcionarios del Banco desde el 2015. Pero el abogado del UCC, Luc Despins de la firma Paul Hastings, señaló que, si bien es cierto que esa ley provee inmunidad a funcionarios del BGF, no es retroactiva a pasados oficiales de esa agencia.

Para el UCC, la insistencia en demandar individuos responde a una estrategia para adquirir cooperación de estos funcionarios con miras a apuntar a terceros que podrían ser demandados.

Durante la vista del miercoles el UCC tenia ante la consideración del tribunal una solicitud para declararlos síndicos con la facultad de demandar a terceros o individuos en conexión con la quiebra. La solicitud trascendió a finales de marzo y redundó en una propuesta por parte de la JCF para designarlos como codemandantes en aquellas demandas que llevarían, una idea consignada en una estipulación entre las partes que fue finalizada tras bastidores mientras la vista progresaba.

De otro lado, sobre el pedido del UCC para nombrarlos síndicos, Despins argumentó que a pesar que la JCF tuvo dos años para identificar potenciales demandas con el fin de recuperar ganancias y aumentar la cuantía que pudiera ser repartida entre acreedores, optaron por abandonar esta encomienda hasta semanas antes que expirara el estatuto de limitaciones. El comite argumentó que la designación era posible bajo la sección 926 del Código de Quiebras.

Sin embargo, las objeciones contra la designación del tribunal al UCC como síndico señalaban que esa disposición en el Código de Quiebras solo permite asignar como síndicos a acreedores, esto en caso que el deudor opte por no perseguir causas de acción. En la vista, el abogado del Comite Especial de Reclamaciones advirtió que la aprobación del UCC como síndico y permitirles perseguir causas de acción contra bonistas podría complicar la resolución del caso.

Swain denegó este pedido por el UCC por no proveer información convincente. Añadió que el alcance de la Ley PROMESA no permite designaciones no consensuales tal como la que solicitó el UCC, por lo que la JCF se sostiene como el ente responsable de llevar estas demandas.

No obstante, Swain sí aprobó la estipulación entre la JCF y el UCC para permitir al comite actuar como codemandantes en las causas de acción que lleven en adelante. Esa estipulación provee para que, en caso que la Junta o el UCC perciba que el otro no está litigando de manera ordenada y rápida, pueda solicitar ante la corte que sea nombrado único demandante y continuar el proceso sin la otra parte.

El próximo 2 de mayo expira el estatuto de limitaciones para demandas contra bonistas del gobierno central y el próximo 20 de mayo ocurre lo mismo para demandas contra la Autoridad de Carreteras y el Sistema de Retiro de Empleados. El 1 de julio vence para demandas contra la Autoridad de Energía Electrica (AEE).