Interino del DE sería cuestionado en Senado

Tan pronto fue nominado por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, a la secretaría del Departamento de Educación (DE), Eleuterio Álamo Fernández, se vio en la necesidad de defender su desligue de la política luego de aspirar sin exito en tres ocasiones a la alcaldía del Gurabo por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Tambien tuvo que insistir que no sería monigote de su predecesora Julia Keleher, quien antes de dejar sus funciones como secretaria dejó una orden administrativa impulsando su nombramiento.

Si llegara su nominación al Senado, cuerpo que ya presentó una resolución cuestionando el nombramiento impulsado por Keleher, Álamo Fernández sin duda deberá responder sobre al menos dos demandas federales en las que se vio involucrado como funcionario del DE así como por las que radicó para insistir en sus aspiraciones políticas.

Entre 2012 y 2013 Álamo Fernández fue codemandado a nivel federal en dos casos impulsados por una maestra y una superintendenta de región, respectivamente, ambas por discrimen y acoso laboral. Ambas demandas fueron transadas con acuerdos confidenciales entre 2015 y 2018. Por esos años, el hoy nominado fungía bajo el liderato de Carlos Chardón y Edward Moreno en el DE, como asistente personal primero y luego como director de la región de San Juan.

En el primer caso, la superintendente de la región IV de Gurabo, Melba Rivera, denunció que desde 2009 se vio sometida a un patrón de acoso laboral por su afiliación al Partido Popular Democrático (PPD) a tal grado que la descendieron de puesto y la suspendieron sin justificación.

En su demanda, Rivera detalla que Álamo Fernández como ayudante especial de la directora regional de Caguas y por órdenes del entonces secretario Carlos Chardón, se aparecía en las oficinas con personal de la División Legal del departamento para realizar registros sin previo aviso y ‘le seguía los pasos’.

En el segundo caso, la maestra de la escuela elemental Manuel Cepero García, Madelaine Rivera, tambien alegó un patrón de acoso laboral y discrimen impulsado por la directora escolar y respaldado por Álamo Fernández luego que se divulgara entre la comunidad escolar que es atea.

A nivel estatal, en el 2017 el nominado figura como codemandante contra el DE y el entonces secretario Rafael Román por cancelar el Registro de Elegibles para puestos directivos, tecnicos y de supervisión sin una notificación adecuada a quienes ya se habían registrado en el mismo. La jueza Aileen Navas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó ha lugar y ordenó a Educación a mantener a los demandantes en dicho registro porque la dependencia no cumplió el debido proceso de ley con los demandantes.

Por último, Álamo Fernández demandó en 2016 al directorio de la Palma luego que el Comite Evaluador para candidaturas lo descalificara para aspirar a la alcaldía de Gurabo tras recibir ocho declaraciones juradas en su contra. En ese momento, Primera Instancia le dio la razón al aspirante puesto que el Comite ‘estaba obligado a expresar las razones y fundamentos que dieron paso a la descalificación del demandante’. Aunque la decisión se apeló, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones mantuvo la determinación de Primera Instancia.

A continuación puede leer las demandas en las que se vio involucrado Álamo Fernández en los últimos años.