En el gobierno federal y 49 estados son públicos.

La organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) radicó hoy un recurso de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que el Gobernador y la Secretaria de Hacienda divulguen los Acuerdos de Reducción de Impuestos (‘Tax Abatements’) y otros gastos fiscales (‘Tax Expenditures’), beneficios contributivos que afectan el fisco.

El recurso legal se presentó luego de solicitar dicha información infructuosamente desde el 13 de abril de 2018 al anterior Secretario de Hacienda, hoy secretario de la Gobernación, Lic. Raúl Maldonado Gautier, y cónsono con la petición que ha hecho EA en repetidas ocasiones al Gobierno para que haga público un informe de gastos fiscales.

‘Presentamos esa petición para asegurar que la gente tenga acceso a la información pública sobre las concesiones y los incentivos contributivos que constituyen ‘gastos’ del Gobierno de Puerto Rico’, declaró Cecille Blondet, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro que, desde 2014, se dedica a promover mayor transparencia de los gastos públicos para a su vez garantizar participación más efectiva del pueblo en los asuntos que le competen.

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De acuerdo a la Sección 208(b) de la Ley PROMESA, dentro del plazo de seis (6) meses despues de la constitución de la Junta de Control Fiscal, el gobierno estaba obligado a someter a la Junta un Informe sobre los Acuerdos de Reducción de Impuestos (‘Tax Abatements’) y otros acuerdos similares sobre las concesiones tributarias.

En agosto, EA solicitó a la Junta que confirmara la existencia del referido informe. Mediante carta enviada a EA por la Junta, el 27 de agosto de 2018, le confirmó la existencia del mismo y que en efecto lo habían recibido. Aunque la Sección 208(b) de la Ley PROMESA prohíbe a ‘los miembros y empleados (staff) de la Junta’ hacer público el referido informe, esto no impide que el Gobierno de Puerto Rico haga la divulgación pública requerida por la Constitución y las leyes de Puerto Rico, toda vez que es un documento generado en una agencia pública y en Puerto Rico rige el derecho constitucional de acceso a la información.

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El gobierno federal publica un registro oficial de gastos fiscales desde la decada de los setenta. Así lo hacen tambien 49 de los 50 estados, el Distrito de Columbia, y la mayoría de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE). Además desde el 2016 así lo requiere el ‘Governmental Accounting Standars Board’ (GASB) en el GASB 77 a todos los gobiernos e instrumentalidades públicas.

‘La gente tiene derecho a saber sobre cada dólar que se invierte en privilegios contributivos, que es a su vez un dólar que deja de allegarse al fondo general. Lo que unos dejan de pagar a todos nos cuesta en reducción de servicios tales como seguridad, salud, y educación’, dijo Blondet en referencia al recorte de fondos de la Universidad de Puerto Rico, entre otros. ‘No estamos en contra de los incentivos contributivos, lo que deseamos es que sean transparentes para entonces que se pueda evaluar su beneficio y su costo eficiencia sin que ello se haga a espaldas de la gente’, agregó.

La jueza Lauracelis Roque del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, citó a las partes a una vista para dilucidar si procede o no el remedio solicitado el próximo 15 de noviembre a las 3:00 p. m.

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