Mira los requisitos para cierres.

El Departamento de Educación (DE), por voz de su secretaria Julia Keleher, determinó cerrar un total de 283 planteles –en su mayoría escuelas elementales– basado en la reducción de matrícula durante la última decada y el impacto de los huracanes Irma y María.

De acuerdo al Compendio de Política Pública de la agencia, 27,000 alumnos han emigrado de la Isla, y se proyecta una baja en 10% adicional para el año escolar 2018-2019. El agravante principal se le adjudica a los fenómenos atmosfericos.

‘Los efectos de los huracanes Irma y María han acelerado tanto el por ciento de disminución de matrícula como el deterioro de la infraestructura de las escuelas creando un ambiente de necesidad que requiere la reorganización efectiva de los recursos económicos y de infraestructura con los que cuenta el DEPR’, destaca el texto.

Asimismo, se busca cumplir con el Plan Fiscal, el cual vislumbra solo 805 planteles abiertos. Con esa meta, sumado a los cierres predispuestos más recientes, restarían 23 escuelas por cerrar.

Ayer, durante una conferencia de prensa, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró que en la última decada la matrícula se redujo en un 43%.

Los criterios para considerar el cierre de una escuela, según el compendio compartido por el DE, incluyen:

lnformes Estatales y Federales Matrícula actual y de los últimos tres años academicos

Infraestructura

o capacidad de utilización de la planta física

o condiciones de la infraestructura

o indicadores de salud y seguridad

o costos operacionales de mantenimiento

Rendimiento Academico – relación de la matrícula y el aprovechamiento academico de las escuelas por los últimos tres años academicos

Indicadores de aprovechamiento academico (resultados META PR, promedio general, tasa de retención o graduación u otro indicador de responsabilidad institucional)

Oferta academica (vocacional, educación especial, escuelas especializadas, entre otras consideraciones programáticas)

Transportación Escolar

o costos de transporte escolar

o ruta escolar

o localización de la escuela (zona rural o urbana)

El documento advierte que el análisis ‘podría resultar en la integración total o parcial de las mismas (consolidación de matrícula a otras escuelas, reorganización de matrícula por niveles o escuelas en los municipios, distritos o regiones educativas)’.

Ante la inconformidad con estos requisitos –o la falta de claridad sobre los mismos– miembros de la comunidad escolar de estos planteles han demostrado su oposición a la decisión desde el anuncio.

Ayer viernes, por ejemplo, madres, padres, estudiantes y maestros de al menos cinco municipios de la Isla salieron a la calle para protestar el cierre de planteles.

Desde tempranas horas en la mañana, las inmediaciones de las escuelas María I. Dones, de Fajardo, Eugenio María de Hostos, de San Lorenzo, Julia de Burgos, en Canóvanas, y Parcela Aguas Claras, de Ceiba, han sido escenario de protestas con pancartas, piquetes y paros, según anunció la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), en su portal.

En el caso de la María I. Dones, esta es la segunda vez que el DE añade el plantel en la lista de clausuras, siendo el 2017 la primera. Mientras que en la institución de Ceiba, la comunidad realizó un paro en aras de captar la atención de Keleher y concretizar una reunión con la titular de la agencia.

Del mismo modo, la FMPR mencionó la celebración de la ‘Vigilia en Defensa de la Educación’, con lugar en la Pista de Levittown, en Toa Baja, ayer a las 6:30 p.m.

En ella participaron padres y madres de las escuelas John F. Kennedy, Lorencita Ramírez de Arellano y Amalia López de Vilá, y tuvo como propósito exigirle al alcalde Bernardo ‘Betito’ Márquez García que se exprese sobre los cierres y respalde los reclamos.

Estos eventos sirven de antesala a la Asamblea Nacional de Maestros y Trabajadores, con fecha de mañana domingo, 15 de abril, en la cual se delineará la estrategia para combatir el cierre de 283 escuelas.

La actividad será a la 1:00 p.m. en el Colegio Universitario de San Juan y tambien busca revertir la Ley 85 de 2018, que establece la Reforma educativa.