Alegan podrían enfrentarse a quiebra.

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), Rolando Ortiz Velázquez, en conjunto con otros ejecutivos municipales reaccionaron el lunes al anuncio del gobernador Ricardo Rosselló sobre la entrega de un nuevo Plan Fiscal este próximo jueves, 5 de abril ante la Junta de Control Fiscal (JCF).

‘Hace bien el gobernador en tratar de evitar el despido de empleados públicos y de recortar las pensiones de los retirados, pero debiera ser igual de exigente con los recursos que los municipios necesitan para darle servicios a todos los ciudadanos por igual’, dijo el tambien alcalde de Cayey en declaraciones escritas.

Alegó que en este año fiscal ya son 350 millones de dólares que se le han despojado a todos los municipios y advirtió que algunos ayuntamientos quedarán en quiebra.

El domingo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, envió una carta a los integrantes de la JCF, en la que anticipa que enmendará el Plan Fiscal para sacar del documento algunos de los reclamos hechos por la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA. Precisó que entregará un nuevo Plan Fiscal revisado el próximo jueves, que excluirá el despido de empleados públicos, una reforma laboral y un recorte a las pensiones.

Por su parte, la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado González argumentó que el gobernador le debe exigir a la Junta que se le devuelvan los fondos eliminados a los municipios.

‘Todo el mundo reconoce, elogia y felicita a los municipios por la labor titánica que hemos llevado desde el paso de dos huracanes en septiembre pasado, pero fuera de los propios alcaldes de ambos partidos, son pocos los que exigen que se devuelva los fondos a los Municipios. Por otro lado, FEMA ha sido extremadamente burocrática y lenta como agencia federal en el reembolso de fondos y la situación fiscal de los municipios es grave. Si el gobernador duda de eso, que consulte con los alcaldes de su propio partido. Verá que le estamos diciendo la verdad: hay que restituir los fondos de los municipios’, dijo Maldonado.

Mientras, el alcalde de San Lorenzo, Jose ‘Joe’ Román argumentó que en Puerto Rico, se estima que existen 40 municipios cuyos ingresos provienen en un 40 por ciento del gobierno central. La cifra proviene de un estudio del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), que confirma el grado de vulnerabilidad al que han quedado algunos ayuntamientos con el recorte de 350 millones de dólares de las transferencias que se recibían del Fondo General.

‘Está más que probado que los municipios somos más rápidos en servirle a la comunidad y a un costo menor. Si lo que se está buscando es eficiencia administrativa, tanto el gobernador como la JCF deben ser justos con los municipios. Deben devolvernos esos fondos, que son para darle servicios al pueblo’, dijo.

Entretanto, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes expuso además que la situación de los municipios se agrava aún más por la lentitud de las agencias aseguradoras en el manejo de las reclamaciones por daños relacionadas con los huracanes Irma y María.

‘Se ha lacerado aún más la situación fiscal de los municipios, por eso nosotros en la Asociación de Alcaldes hicimos un llamado a mediados del pasado mes de marzo al comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, para que ejerza con mayor rigurosidad la fiscalización de estos casos. Los municipios siempre hemos respondido con los pagos esperanzados en que, en una eventualidad de emergencia, las compañías aseguradoras nos respondan. Se hizo el gasto y muchas compañías no han respondido. Eso se suma al grave disloque en las finanzas municipales causada por el recorte en las partidas del gobierno central a los municipios. Queremos que el señor gobernador, como representante de todo el pueblo puertorriqueño, exija a la Junta de Control Fiscal que se le haga justicia a los 78 municipios’, finalizó Nazario Fuentes.