Al finalizar el mes de julio, la Junta de Control Fiscal (JCF) envió su primer informe anual al Presidente de los Estados Unidos, al Congreso y al liderato de Puerto Rico, el cual pedía –entre otras cosas– cambios a las ayudas federales, acto que fue interpretado como una eliminación.

‘Quiero dejar claro que la Junta no solicitó ni procuró la eliminación de los subsidios de programas federales como Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y Sección 8’, exclamó José Carrión III, presidente del ente federal habilitado por la Ley PROMESA durante la novena reunión de este ente en Puerto Rico.

En el informe, reseñado por NotiCel, la JCF pidió la concesión de excepciones a Puerto Rico para convertir el financiamiento de ayudas como PAN, SNAP, TANF y Sección 8 de Vivienda a un Crédito por Ingreso Devengado (EITC).

La solicitud fue interpretada por muchos como si se pidiera la derogación de estos subsidios.

No obstante, el informe esboza que se utilizarían ‘para incentivar más la participación laboral, a la vez que se mantiene una red de seguridad responsable para niños, personas con impedimentos y las personas de edad avanzada’.

Esto significa que los beneficiarios tendrían que estar trabajando en la economía formal para recibir parte o todos los beneficios que ahora reciben sin trabajar o estando empleados en la economía informal.

El documento de unas 20 páginas es muy escueto y carece de cifras, por lo que al ser abordado por este medio, Carrión III aseguró que el escrito representa un compartir de ideas para la consideración del Congreso de los Estados Unidos.

‘Lo que se le envió al Congreso fue una lista de ideas para estimular la conversación en el Congreso, ya que cuando uno acude ellos insisten en que adelantemos el tema fiscal porque esa es una de las preocupaciones principales de ellos y en algunos congresistas pues el tema de la reestructuración de la deuda’, explicó el Presidente de la JCF.

A esto añadió que el mensaje carece de especificidad ‘precisamente porque son puntos que están sujetos a conversación, a diálogo y a análisis’.

En el Congreso, según Carrión III, acostumbran gestionar medidas que no conlleven dinero, ‘entonces pues nosotros estamos buscando alternativas que sean de poco costo y que puedan impactar ciertos sectores de nuestra economía y por eso fue que enviamos esas recomendaciones e ideas para conversar’.

Como parte del informe, la JCF requirió la intervención del gobierno federal en áreas como infraestructura, empleos, servicios digitales y manufactura. Fuera de la solicitud quedaron los asuntos relacionados a la deuda y negociación con acreedores, pues durante la novena reunión se determinó que la Junta investigará la deuda de Puerto Rico, la cual asciende a más de $70 mil millones.

‘Próximamente estaremos adelantando lo que se pueda allí en la capital federal. Estamos contactando gente que nos van a ayudar con esos temas’, aseguró Carrión III.

Todos los esfuerzos que realizaría la Junta, según Carrión III y el resto de los miembros del ente federal, tiene el fin de estimular el desarrollo económico de Puerto Rico. Estas aspiraciones se centralizan en las áreas de energía, transportación y otros temas de infraestructura.