La acelerada marcha hacia la abstención en el plebiscito del 11 de junio que están protagonizando los sectores de oposición presenta a los estadistas con el reto serio de movilizarse a un ejercicio electoral que, por diseño, va a ser totalmente ignorado por el Gobierno federal.

El diseño está claro desde por lo menos diciembre de 2016 en un documento que pocos leyeron y que en su momento la Comisionada Residente presentó tergiversado en un comunicado de prensa.

Se trata del informe del Congressional Research Service (CRS) titulado Status político de Puerto Rico: Breve trasfondo y desarrollos recientes para Puerto Rico y publicado el 28 de diciembre.

El CRS es la entidad investigativa del Congreso y, usualmente, emiten informes por solicitud de congresistas que exponen los ángulos alrededor de una controversia y que el cuerpo legislativo federal utiliza como base para sus proyectos e investigaciones. Un informe del CRS sobre el plebiscito de 2012 sirvió de fundamento para que el subsecretario interino del Departamento de Justicia federal, Dana Boente, descartara los resultados de ese ejercicio y concluyera que los resultados del mismo, a favor de la estadidad, no justificaban omitir la opción del territorio en el plebiscito del 11 de junio.

En el informe de 2016, CRS concluye que monitorear el status político de la Isla puede ser relevante para los congresistas en tanto y en cuanto estén mirando qué resultados tiene la aplicación de la Ley PROMESA en Puerto Rico. Reitera que ‘si el Congreso escoge alterar el status político de Puerto Rico, lo puede hacer mediante legislación’. Y, más directamente pertinente a las opciones de los estadistas ante la abstención, el informe concluye que ‘[e]n adelante, si el Congreso decide revisitar el status de la Isla como un tema central en vez de como uno contextual, va a depender de si los resultados del plebiscito de 2012 y de las elecciones de 2016 son interpretados como un apoyo masivo a la estadidad y va a depender en si el Congreso cree que tiene una obligación de atender el status adicional a los asuntos de política pública relacionados, como PROMESA’.

Ya Justicia federal degradó y descartó el resultado del plebiscito de 2012… si el gobernador Ricardo Rosselló no puede demostrar en el plebiscito que su victoria de 2016 fue una muestra de ‘apoyo masivo’ a la estadidad, se acabó el tema del status de Puerto Rico en el Congreso por el futuro inmediato.

Lea el informe abajo:

Informe del CRS sobre status de PR 28 de diciembre de 2016 – NotiCel_24144