La pertinencia del actual modelo administrativo de la Universidad de Puerto Rico (UPR), con 12 estructuras administrativas y en algunas instancias repetidas, es parte de la evaluación que hace la presidenta interina, Nivia Fernández Hernández de cara al Plan Fiscal que la institución discute para presentar ante la Junta de Control Fiscal (JCF).

‘Ya nosotros veníamos sintiendo un impacto fiscal. Pero de momento, aprueban la Ley PROMESA, nos ponen un calendario muy limitado y nos dicen que tenemos que transformar toda la Universidad de Puerto Rico en tantas semanas. Y entonces vienen las preguntas duras, por qué tenemos carros los rectores? Por qué hay 11 rectores? Por qué tenemos tantos programas duplicados? Estas preguntas ahora surgen porque vino la Ley PROMESA. Y antes no se hicieron, porque estábamos respondiendo a las ofertas que tenemos, a las políticas que tenemos a la reglamentación que tenemos y cumpliendo con ella. Cuando cambias las premisas de arriba, entonces todo el andamiaje te lo tienes que replantear’, dijo la presidenta interina a preguntas de la prensa.

Por su parte, el director de Finanzas, Norberto González, insistió en que la reestructuración administrativa es la primera parte del plan fiscal propuesto por la presidenta interina. No obstante, se desconoce la cuantía que generaría en ahorros, porque la evaluación no ha culminado.

‘Es el primer asunto que está en el plan. Hay que leer. No podemos escuchar a todos los que están diciendo disparates. El 70 por ciento del gasto de la Universidad es en nómina’, expresó.

Las expresiones de ambos funcionarios se dieron una vez culminó la reunión con la Junta Universitaria, en la cual presentaron el plan fiscal.

En la misma, participaron los representantes estudiantiles, de los docentes y empleados no docentes. Insistieron en su rechazo al plan fiscal propuesto.

‘Lo que hubo fue espacio para que se hicieran preguntas, no para poder hacer argumentos al plan fiscal de la presidenta. Se intentó presentar oposición al plan por como está redactado y como fue presentado, pero no se le dio paso a esas peticiones. Así que solamente se discutió vagamente y por encima lo que es el plan fiscal y sus conclusiones’, dijo la presidenta del Consejo General de Estudiantes, Wilmarí de Jesús Álvarez a su salida de la reunión en Administración Central.

Para el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, José Torres, hay partidas en el presupuesto de la UPR que se pueden ajustar, pero se necesita tiempo adicional para estudiar el asunto.

‘Nosotros estamos claros de que la Universidad tiene que entrar en un proceso de ajustes, lo que pasa es que el tiempo que se está dando a la Universidad para hacer esos ajustes es demasiado corto. Me parece que hay que extender ese periodo para buscar otras alternativas, buscar como allegar más fondos y hacer un análisis para buscar en que partidas se pueden bajar gastos. Yo entiendo que un periodo razonable sería tres años’, expresó Torres.

Para el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), José Rivera Caballero, se puede reestructurar el sistema administrativo de la UPR, pero la partida presupuestaria no se debe reducir.

‘El plan de la APPU lo que propone es una mejor redistribución del presupuesto actual y tomaría el tiempo que tome para implantarse bien. Estamos en contra de las vicepresidencias en la Administración Central y la partida enorme en el presupuesto que se queda en Administración Central y no baja a los recintos. Eso ha sido nuestra critica histórica’, sentenció Rivera Caballero.

El plan fiscal continúa con un ahorro proyectado de 112 millones de dólares en recortes. Se contempla en el documento la posibilidad de lograr recaudos adicionales con el Ajuste por Ingreso de la Matricula y ofrecer servicios adicionales al Gobierno.