Aunque la Cámara de Representantes radicó una resolución que afectaría los servicios que ofrece Casa Pueblo, la organización comunitaria anticipó que combatirán la medida sorpresiva ante cualquier determinación.

‘La Resolución de la Cámara 28 es un acto de violencia que atenta contra uno de los proyectos educativos más exitosos y que mejor servicio le ha brindado a la comunidad local y nacional. Ni con el 100% de los votos en Cámara y Senado este proyecto es viable. Nos defenderemos como defendemos las aguas y nuestros bosques’, sostuvo Arturo Massol, director de Casa Pueblo.

La resolución concurrente busca ‘ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, llevar a cabo las acciones necesarias para transferir por el valor nominal de un dólar al Municipio de Adjuntas, el título de la totalidad de las estructuras edificadas en el predio y el terreno donde enclavan los mismos, que forman parte de la Escuela Elemental Washington Irving ubicada en Municipio de Adjuntas y que en la actualidad son utilizados por Casa Pueblo Adjuntas y el municipio a través de un Permiso de Entrada y Ocupación, otorgado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas’.

La medida, de la autoría del representante de distrito Michael A. Quiñones Irirzarry, reconoce que existe un acuerdo de colaboración con Casa Pueblo pero aduce que el municipio de Adjuntas desea continuar sus esfuerzos de remodelación para ubicar cinco centros de educación preescolar, para proveer mejor acceso a la educación.

Casa Pueblo lleva más 15 años utilizando ese plantel para ofrecer clases de música todos los sábados a niños de la comunidad, talleres, clases de bellas artes y cursos de cultivo hidropónico.

Massol señaló que el 90% del espacio de la escuela es utilizada por el municipio, por lo que las propuestas no son incompatibles con el trabajo que realiza Casa Pueblo.

‘Nos acabamos de reunir con el alcalde. Él aceptó que ese proyecto tiene que enmendarse. Reconoció que tiene que excluir el espacio [que utiliza Casa Pueblo] y que puede salir un proyecto que le haga justicia al municipio y a la gestión comunitaria’, explicó Massol.

Añadió que buscarán que se pueda segregar el espacio para que el municipio pueda desarrollar su proyecto y que el área de la antigua escuela que utiliza Casa Pueblo se pueda transferir en un fideicomiso para proteger a perpetuidad los servicios educativos que allí se realizan.

‘Este proyecto se fraguó en cuartos oscuros. Lo recibí como un insulto, una agresión. Es un acto de violencia que el gobierno actúe como si unilateralmente el gobierno pudiera disponer de proyectos que tienen una historia de servicio como el nuestro. Ellos tendrán el poder político pero allí hay poder social que lo va defender’, aseguró.