El gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó el jueves que su gobierno vaya a auditar la deuda para determinar cuánto de la misma fue tomada ilegalmente.

‘Cuando se hace una emisión de bonos se establecen ciertos parámetros y cuando se hace la emisión de bonos, parte del acuerdo es el cumplimiento’, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

‘Yo creo que hay otros mecanismos que son mucho más robustos y que van por encima de auditar la deuda, que nos permiten sentarnos como adultos con evidencia y entrar en renegociación en buenos términos’, añadió.

Rosselló Nevares dejó sin efecto una comisión que se había creado para auditar la deuda.

Dicha comisión creada por la administración de Alejandro García Padilla no pudo producir un informe final porque, según los componentes de la comisión, no se les desembolsó la cantidad de cinco millones de dólares que según el colectivo, hacía falta para continuar con la auditoría.

La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público fue creada por virtud de la Ley 97 del 1 de julio de 2015. El estatuto ordena entre otras cosas, que se audite de manera rigurosa y transparente la deuda pública, y se hagan recomendaciones, como podría ser la definición de un plan razonable y viable para el pago de la deuda pública.

La comisión estuvo integrada por el entonces director del Instituto de Estadística de Puerto Rico, Mario Marazzi; el economista José Alameda; el abogado y CPA, Juan Lorenzo Martínez; el portavoz del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Roberto Pagán; el presidente del Fisrt Bank, Aurelio Alemán; Irma Hilario Arroyo, en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas y el señor Frank Medina.