La Junta de Control Fiscal (JCF) iniciará una auditoría forense de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, un proceso contable especializado que tiene como propósito detectar violaciones de ley con suficiente rigurosidad como para que sus hallazgos puedan ser presentados como evidencia en procesos judiciales.

El anuncio está contenido en la carta que la JCF cursó ayer al gobernador Ricardo Rosselló y contrasta con el estado de suspenso en el que está la Comisión de Auditoría de la Deuda que fue instaurada mediante ley en la Administración García Padilla.

La ‘firma de auditoría forense’ que contratará la Junta debe 1) validar el desempeño financiero entre los más reciente estados auditados del Gobierno de Puerto Rico, que cubren el año 2014, y el Plan Fiscal que entregó la pasada administración, y 2) proveer un informe independiente sobre el total de la deuda pendiente de pago organizado por emisor, deuda emitida por cada emisor, uso del dinero de cada emisión, el itinerario de pagos acordado y el total de deuda que está en impago.

Según el portal especializado en inversiones, Investopedia, una auditoría forense ‘es un examen y evaluación de la información financiera de un individuo o entidad para usarse como evidencia en corte’. ‘Una auditoría forense puede conducirse para procesar a una parte por fraude, malversación u otras reclamaciones financieras’, añade.

La Junta no explicó este asunto en su carta más allá del texto citado pero, en otro extremo de la comunicación, se alude a uno de los usos que se le podría dar a la auditoría y los informes, que es el proceso de negociación voluntaria que se está comenzando a tener con los acreedores y que, según disposiciones de la misma carta, se van a hacer, a la vez, con personal de la Junta y con personal de la Administración Rosselló para que, aunque el gobierno sea el que lidere las conversaciones, las mismas se desarrollen con el conocimiento y aval de la Junta que es la que tiene autoridad final para autorizar acuerdos con acreedores.

La Junta tampoco ha abordado asuntos controversiales que se vuelven a hacer pertinentes con esta mención como el hecho de que sus miembros todavía no han hecho las divulgaciones financieras personales que se supone que cada uno hiciera al momento de su nombramiento, así como el señalamiento del conflicto de interés que puede representar el que dos de sus miembros, Carlos García y José R. González, fueron presidentes del Banco Gubernamental de Fomento y, como tal, tuvieron participación sobre emisiones que ahora se examinan bajo la lupa.

La evaluación de emisiones de bonos de Puerto Rico por autoridades investigativas federales está sobre la mesa desde al menos febrero de 2016 cuando la Autoridad de Energía Eléctrica le confirmó a NotiCel que la Comisión de Intercambios y Valores (SEC) le había hecho requerimiento de información formal sobre dos emisiones y desde que, en noviembre pasado, este diario digital también confirmó en primicia que varios ejecutivos de la Administración García Padilla habían sido interrogados al respecto.

El reclamo de que la deuda no se debe negociar ni pagar hasta tanto no se certifique realmente cuánto se debe produjo que, en 2015, se creara por ley la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, integrada por funcionarios electos, y representante de sindicatos y otros sectores ciudadanos. Pero, aparte de producir una evaluación preliminar, ese grupo ha enfrentado una empinada cuesta para descargar su responsabilidad ya que el propio gobierno le ha negado acceso a información así como el desembolso de la asignación de fondos que se hizo para que funcionara.

Carta y anejos de la Junta dirigidos al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló – NotiCel_22780