El entrante presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, Antonio ‘Tony’ Soto Torres, denunció el jueves, que la reciente aprobación de la Ley de Reforma del Derecho Administrativo, la cual recibió un veto expreso por parte del gobernador Alejandro García Padilla en mayo, es una medida ‘malintencionada y nefasta que limita los procedimientos administrativos en las agencias del Ejecutivo otorgando el proceso de adjudicación al Tribunal Apelativo, entre otros’.

Ante esto, Soto Torres aseguró en declaraciones escritas, que tan pronto inicie en enero la Sesión Ordinaria ‘estaré sometiendo legislación para revertir la ley a su estado de derecho natural y así poder evaluar debidamente la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), (ley original) para ver dónde realmente requiere enmiendas’.

‘La aprobación de esta medida es una falta de respeto al pueblo, a la administración entrante y hasta a la delegación de minoría que tendrá que cargar con los errores de su pasado gobernador. Más aún, cuando el propio García Padilla la vetó por entender que la misma era mala para su administración. No obstante, ahora que se retira la incluye para aprobación -en esta accidentada sesión extraordinaria- para que se apruebe sin el debido análisis requerido. No podemos continuar permitiendo la doble vara. El proyecto en sus génesis nunca fue bueno’, reiteró el representante novoprogresista.

Dichas expresiones surgen luego de que el Senado y la Cámara aprobaran –con el mínimos de votos requeridos- (el 28 de dic de 2016) un proyecto para adoptar la ‘Ley de Reforma del Derecho Administrativo’, que dejaría sin efecto casi por completo la ‘Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme’ sobre la adjudicación de controversias en las agencias públicas; medida que en un principio el propio Gobernador García Padilla impartió un vetó expreso al entender que la misma lacera el debido proceso de ley, entre otros’.

Según reza la carta enviada por el Gobernador García Padilla al pasado presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, fechada el 3 de mayo de 2016, en la misma explica las razones para el veto expreso, en aquel entonces para el Proyecto de la Cámara 1130: ‘La medida limita injustificadamente la capacidad de las agencias de ejecutar la política pública; contiene disposiciones que podrían menoscabar el derecho al debido proceso de ley; reduce la utilidad de los reglamentos de emergencia; no toma en consideración enmiendas recientes a la LPAU; provee para que una persona solicite a una agencia una interpretación oficial vinculante lo cual equivale a una adjudicación sin oportunidad de revisión administrativa; restringe el proceso de impugnación de los reglamentos que incumplan con las disposiciones procesales de la LPAU; limita la Facultad de los tribunales de revisar las conclusiones derecho, añade circunstancias en las que se pueden realizar inspecciones sin orden judicial sin tener una base constitucional firme, entre otras’.

‘Esta medida no pasó por el debido proceso de vistas públicas. Esto es un tema muy importante para despacharlo en una sesión extraordinaria sin el debido análisis con meros cambios técnicos. Además, tal y como está la misma, desatiende disposiciones vigentes y no manifiesta rigor y fidelidad a los conceptos y principios establecidos en el Derecho Administrativo; incorpora disposiciones incompatibles con el régimen legal establecido; acusa falta de investigación y no pondera los problemas que aquejan el Derecho Administrativo. La medida carece de un hilo conductor, sus disposiciones no guardan relación entre sí y no exponen una teoría y concepción del Derecho Administrativo moderno. En síntesis, los proyectos son similares con algunos cambios técnicos, pero la sustancia es la misma’, afirmó el presidente entrante de la Comisión de Hacienda.

Finalmente, el representante por el Distrito 6 de Cataño, Guaynabo y Bayamón, concluyó que ‘la Legislatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) no permitirá que medidas caprichosas y mal intencionadas entorpezcan la labor de la administración entrante’.

Las delegaciones del PNP en ambos cuerpos se opusieron a los dos proyectos (Proyecto de la Cámara 1130, el cual el gobernador García Padilla vetó, y al Proyecto del Senado 1663).