Aunque en principio el gobernador Alejandro García Padilla había manifestado que no modificaría el plan fiscal presentado a la Junta de Control Fiscal (JCF) para incluir medidas de austeridad, bajó el tono al enviar una carta al electo Ricardo Rosselló Nevares para trabajar mano a mano en el plan para atender medidas que el organismo instaurado por la ley federal PROMESA instó a incluir.

‘Puerto Rico enfrenta retos enormes, pospuestos por pasados gobiernos y que ahora nos exigen la unión de esfuerzos ante la Junta de Supervisión Fiscal para lograr la certificación inmediata de un plan fiscal que le permita al país completar su recuperación económica. Ante este panorama, es meritorio que la nueva administración se inserte en la discusión para garantizar la provisión de servicios esenciales y la protección de nuestros empleados públicos y pensionados, así como la Universidad de Puerto Rico’, expresó García Padilla en una carta enviada al Gobernador electo.

Según fue expresado en la misiva enviada a Rosselló Nevares, la vinculación de su gobierno permitiría sentar bases de consenso sobre un plan que pueda ser certificado por la JSF, salvaguardando las necesidades e intereses de los puertorriqueños.

‘Mi administración va a continuar trabajando con la Junta de buena fe para cumplir con lo requerido en la legislación federal. Sin embargo, el componente deberá contar -en su evaluación de cualquier medida adicional al plan presentado- con los parámetros de su propuesta de Plan Fiscal, por cuanto es a su administración a quien le corresponde implementar el plan que sea certificado en enero próximo. No obstante, la ruta de la austeridad ya fracasó en Puerto Rico y considerar medidas de esa índole implicaría un costo humano y económico que yo no puedo a favorecer’, incluyó el Mandatario en la carta.

Finalmente, García Padilla alentó a su sucesor a unirse al reclamo que ha mantenido la actual administración para que se haga justicia a los puertorriqueños mediante paridad en Medicaid y Medicare, que se continúen las asignaciones presupuestarias del Affordable Care Act, se concedan incentivos que permitan a Puerto Rico continuar ampliando su base industrial y se solucione el asunto de la acreditación del arbitrio bajo la Ley 154.

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