El Departamento de Justicia informó hoy, jueves que el allanamiento realizado desde esta mañana en la Universidad de Puerto Rico por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) obedece a un requerimiento en ley que especifica que cierta información tiene que ser obtenida vía orden judicial para no afectarse su futura utilización en evidencia, de ser necesaria.

‘Luego de haber recibido el referido en el mes de febrero pasado para investigar el proceso de otorgamiento de becas presidenciales de la UPR, el Departamento de Justicia inició una investigación, desde el mes de marzo se han solicitado múltiples documentos y se han recibido, con la colaboración de la oficina de la de la junta de gobierno de la UPR’, indicó portavoz de la agencia, Gingger Correa.

Por su parte, el agente EdgardoVenezuela del NIE dijo que a las 9:00 a.m. llegaron a la oficina de Asuntos Académicos para realizar el allanamiento ordenado por el Tribunal de Primera Instancia deSan Juan por la juezaMaría de LourdesCamarero. Indicó que no puede ofrecer más detalles de los documentos y expedientes obtenidos.

Mientras, la vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la UPR, Aurora Lauzardo, indicó que están cooperando con el proceso, sin embargo no quizo abundar sobre cuáles han sido los documentos requeridos por el NIE.

De otro lado, la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dra. Celeste E. Freytes González, reaccionó al allanamiento asegurando que la institución educativa ‘se mantiene y se mantendrá cooperando y cumpliendo con los requerimientos de las agencias externas que están realizando investigaciones sobre las becas presidenciales, conforme al ámbito de las facultades que le confiere la ley’.

Las denuncias por la otorgación injustificada de becas presidenciales salpicó hasta al hermano del Gobernador y expresidente de la UPR, Anotnio García Padilla, quien fue apuntado por influenciar al expresidente Urayoán Walker a la hora de otorgarlas mismas a candidatos que no cualificaban.

Además, Walker Ramos tiene una querella en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por su involucración en el escándalo de las becas. La querella cubre los hechos relacionados a la concesión de dos: la de Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina del presidente de la Junta de Síndicos, por $23,200 y la de Carlos Pagán Cuebas por $40,000. También se le pidió una multa de $20,000 por cada infracción a la Ley de Ética, además de sanción equivalente a tres veces el valor de cualquier beneficio recibido. El expresidentede la UPR nunca ofreció una reacción tras la radicación de la misma.

A nivel administrativo, la UPR ordenó una investigación sobre el proceso de otorgaciónde las becas que produjo un informe que seríarevisado por la exjueza, Mercedes Marrero de Bauermeister. Dicho informe sacudióla Junta de Gobierno de la UPR provocando múltiples salidas de puestos claves, incluyendo el de WalkerRamos y el entonces presidente de ese cuerpo, Jorge Benítez.

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