El representante del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Llerandi Cruz, denunció la gran desigualdad que existe en los desembolsos federales destinados a los programas de salud Medicare y Medicaid entre Puerto Rico y el territorio continental, que afecta negativamente a la isla.

Al no disponer de los mismos recursos, ‘el gobierno local está obligado a asigna, cada vez, mayores sumas de dinero público para proporcionar programas de salud a una población que va en aumento debido a las condiciones económicas existentes. Esta injusticia ha, literalmente, drenado el erario del gobierno de Puerto Rico’, sentenció Llerandi Cruz.

Según el representante azul, los problemas para la ciudadanía puertorriqueña llegarían a finales de 2017, cuando los fondos asignados a la Isla por la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Accesible, mejor conocida como Obamacare, se terminen, dejando a la estrutura gubernamental de Puerto Rico al amparo de sus propios e insuficientes recursos.

Mediante información aportada por comunicado de prensa, comunicó que, de acuerdo a lo establecido en el Obamacare, los fondos federales de este programa para Puerto Rico mantienen como fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2019, distintas proyecciones del Departamento de Salud federal sitúan la expiración de estos fondos en torno a los meses de mayo y junio del próximo año.

Esto sería debido, según declaraciones del representante, a ‘despilfarros continuos de esta administración, la cual ha gastado cada dia mas de esos fondos, hasta los recortes presupuestarios del 2015’.

Para solucionar esta situación de conflicto, el dirigente de la Palma exigió una actuación rápida por parte del Grupo Congresional de Trabajo sobre Puerto Rico, habilitado por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, (PROMESA, por sus siglas en inglés), para solucionar lo que podría convertirse en una verdadera crisis en el sistema de salud de la isla.

Con una tasa de participación del 36.7%, la más baja en todos los Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico mantiene con esfuerzo un programa de salud pública conocido como Mi Salud, lo que repercute en grandes exigencias presupuestarias que tenderán a ampliarse con el progresivo envejecimiento de la población y la migración de residentes hacia territorio continental.

La disparidad de fondos existente entre los Estados Unidos y Puerto Rico con respecto a los fondos destinados a estos programas de salud público ya fueron denunciados por el Colegio de Administradores de Servicios de Salud el jueves de esta semana. Según sus previsiones, si nada cambia, a partir agosto del próximo añoPuerto Rico tendrá que proveer el 82% de los fondos necesarios para financiar el plan de salud del gobierno.