En conferencia de prensa celebrada en la sede de la Pava, los dirigentes populares Jorge Colberg Toro, Luis Vega Ramos y Jesús Santa presentaron un análisis de los recortes anunciados el 14 de octubre de 2016 por el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, los cuales ascenderían a un 10% del presupuesto vigente, lo que equivaldría a un total de $898.7 millones.

Para los dirigentes populares, dicha reducción presupuestaria resultaría devastadora para la Isla. Con el objetivo de ilustrar de forma gráfica los posibles aspectos negativos de esta decisión, se utilizaron los cálculos efectuados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), quien realizó un estimado de las pérdidas que supondrían el pago de la deuda total correspondiente al año fiscal 2016-2017 ($1,181 millones). Dicho cálculo fue adaptado proporcionalmente a la cifra propuesta por Rosselló.

De esta operación, los dirigentes populares extrajeron que el presupuesto del área de la salud se reduciría en $86 millones, el de seguridad, $19 millones, el de educación, $62 millones, el de bienestar social, $24 millones, sumado al del Banco Gubernamental de Fomento, estimado en $342 millones. Asimismo, habría que incluir reducciones presupuestarias en las áreas de autonomía fiscal ($11 millones), sistema de retiro ($57 millones), fondo presupuestario y de emergencia ($84 millones) y nóminas de empleados públicos, junto a otros conceptos ($224 millones).

Colberg explicó que el presupuesto vigente asciende a $8,987 millones, de los cuales el 53% del mismo, o $4,740 millones, van dirigidos a cubrir servicios directos en salud, el Centro Médico, las asignaciones a la UPR, aportaciones a los municipios, a los sistemas de Retiro, el pago de los Trans (adelantos presupuestarios) la operación de las agencias, transportación, compra de materiales y suministros así como asignaciones a entidades del tercer sector. El restante 47% del presupuesto, o de la partida de $4,247 millones, resulta ser la totalidad del gasto de nómina de los 89,950 empleados del gobierno central.

‘Las proyecciones de la OGP en caso de que un Tribunal se incautara de las cuentas del gobierno es bastante similar a la propuesta de Ricardo Rosselló. Un recorte de esa magnitud tendrá consecuencias nefastas. En el informe de OGP se proyecta, como un escenario, la reducción de la jornada laboral a más de 7,000 empleados y si se hace de forma combinada la cifra de despidos podría llegar hasta 19,000 empleados públicos en caso de aplicarse la reducción total a la nómina. Eso sería devastador’, expresó Colberg.

Los legisladores del PPD advirtieron además que el anuncio de Rosselló de privatizar los servicios de mercadeo de la isla en el exterior conllevará la privatización de la Compañía de Turismo, lo que, siempre según sus cálculos, pondría en juego los empleos de 455 trabajadores de esa corporación pública.

Soluciones a los bonistas

A pesar de que, según lo defendido por los tres dirigentes, el candidato a la gobernación por el PPD pondría en primer lugar al pueblo puertorriqueño antes que a los bonitas, el representante Jesús Santa destacó que el plan de Bernier atenderá responsablemente los reclamos de los bonistas locales, ya que, en su propuesta, se garantiza a los bonistas que compraron originalmente el valor original de la deuda. Por otra parte, a todos aquellos que compraron instrumentos de financiamiento en mercados secundarios, se les aceptaría el valor que pagaron en esa transacción subsiguiente.

‘Eso implica que si una persona compró un bono de $100 a $30 en el mercado secundario, al reducirse en un 10% del principal, ese bonista recibirá una compensación de $27 dólares, que es más que justo en un mercado altamente riesgoso. Además, esa propuesta atiende los reclamos de los bonistas del patio’, expresó Santa, en aras de facilitar la comprensión del proceso.

Por su parte, Vega Ramos destacó que el plan de Bernier rechazará recortes en las partidas de nómina y servicios y, en cambio, abogará por una reestructuración completa de la deuda.