El presidente de la Asociación de Funerarios, Eduardo Cardona, reaccionó el miercoles sorprendido ante el nuevo cargo de 50 dólares diarios que impone una orden administrativa emitida esta semana por el Instituto de Ciencias Forenses ( ICF ).

‘Los cargos implantados por el ICF a través de la Orden Administrativa 16-01 efectiva el 22 de agosto de 2016, representan un impuesto más para el ya abatido bolsillo del consumidor puertorriqueño. Esto es así, ya que los cargos por almacenaje de cadáveres finalmente es un costo que recaerá en el consumidor. La funeraria no puede recoger un cadáver hasta tanto no medie un contrato con el familiar del difunto que nos autorice a efectuar el recogido del cadáver. Desconocemos a base de qué estatuto legal se hace esta imposición. Entendemos que no existe base legal para la misma’, sostuvo Cardona en comunicado de prensa.

Según Cardona, dicha orden establece que el ICF generará una factura de 50 dólares por concepto de almacenaje del cadáver a la funeraria seleccionada por la familia a partir de las 6:00 de la tarde del día siguiente de haberse realizado la autopsia o examen externo.

Según el presidente de los Funerarios, el problema de Ciencias Forenses es uno de hacinamiento donde un porcentaje de cadáveres permanece en el ICF por periodos largos sin ser reclamados por familiares. ‘Esta situación es una fuera del control de las funerarias. Esta realidad se agrava ante la difícil situación económica por la que atraviesa el País, donde al momento de la muerte muchas familias no cuentan con los recursos económicos para sufragar los gastos fúnebres. Sin dudas, esta imposición va en detrimento del ciudadano común y de la población menos aventajada’, agregó Cardona.

‘Queremos dejar meridianamente claro que una vez exista un contrato con el familiar mediante el cual se nos autoriza al recogido del cuerpo, las funerarias procedemos de inmediato. Tal cual surge de la Orden emitida, los cargos que se pretende imponer comienzan a partir del día siguiente de haberse realizado la autopsia, cuando en ocasiones la funeraria no ha sido ni tan siquiera contratada para ejercer la función.

‘Reconocemos que el mayor problema es el hacinamiento de cadáveres sin reclamar, pero la imposición de estos cargos solo complicaría la situación actual ya que tendría el efecto de incrementar los costos en la disposición del cadáver. Esto complica la obtención de los medios para miles de familias en la disposición del cuerpo de sus seres queridos. Sin duda, esta acción no constituye una solución al problema y podría desembocar en una crisis de salud pública, porque el familiar no va a poder pagar estos cargos y va a incrementar el número de cadáveres sin reclamar’, expuso Cardona.