El presidente de la Comisión Especial para el Estudio de las Normas y Procedimientos Relacionados con la Compra de Petróleo por la Autoridad de Energía Electrica (AEE), Aníbal Jose Torres, informó el lunes que toda la información recopilada hasta el momento en la investigación que lleva a cabo su comisión, fue referida a las autoridades federales.

‘Nuestra Comisión ha estado en comunicación directa con la Oficina de la Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), con el propósito de coordinar el referido y la transferencia correspondiente de la evidencia recopilada. El pasado 22 de abril de 2016, se formalizó el referido mediante comunicación escrita a la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez y al agente especial del FBI, Douglas Leff, para que las autoridades descarguen sus responsabilidades contra los que defraudaron la confianza pública’, precisó Torres en conferencia de prensa.

El portavoz del PPD en el Senado, informó que el pasado martes y miércoles 3 y 4 de mayo de 2016, personal de dichas agencias recogieron copia certificada de toda la documentación que obra en poder de la Comisión Especial y que sustenta los hallazgos motivo del referido. ‘Confiamos en que ambos departamentos (federal y estatal) lleven a cabo su encomienda con la misma dedicación que lo ha hecho esta Comisión. Instamos a aquellas personas que por alguna razón tuvieron alguna reserva y no ofrecieron toda la información de la cual tiene conocimiento a nuestros investigadores, a la Comisión y al país, a que colaboren con las autoridades de ley y orden. El país que tanto ha padecido y padece del gasto indiscriminado, irresponsable e innecesario de fondos públicos y el pueblo trabajador y consumidor, no merece menos’.

Torres, aseguró que existe información suficiente sobre acciones y actividades consistentes en la violación de normas, reglamentos y leyes, que sin duda alguna se han traducido en perjuicio para la AEE y para el pueblo consumidor; actuaciones que han dejado una profunda sensación de impunidad y desesperanza.

‘La Comisión Especial ha entrado en la etapa final de la fase de recolección de evidencia la cual, a pesar de que se ha visto interrumpida por incidentes relacionados con la determinación de algunos testigos de rehusar prestar testimonio, ya existe suficiente información para ser referida a otras ramas de gobierno y organizaciones relacionadas, tanto a nivel local como federal. No existe justificación alguna para que las investigaciones de naturaleza administrativa y criminal se vean interrumpidas por las controversias judiciales pendientes entre el Senado y aquellos que se han negado a acatar sus citaciones’, sentenció Torres.

El senador indicó que este referido no detiene los procesos extra-legislativos. ‘La Comisión continuará con su determinación de defender las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa en los foros correspondientes para que cualquier testigo que posea información relevante comparezca ante la Comisión’.