La empresa American Parking System (APS) radicó una solicitud de protección bajo la Ley de Quiebras reflejando deudas significativas con agencias de gobierno.

La solicitud de la empresa que preside el empresario y desarrollador de origen dominicano, Miguel Cabral Veras, ocurrió el viernes pasado, el mismo día que el Departamento de Hacienda impactó sus operaciones con órdenes de embargo por deudas del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).

Según reporta el Boletín de Puerto Rico, la acción de la corporación es bajo el Capítulo 11, por lo que la intención no es cerrar el lucrativo negocio, sino buscar espacio para una reorganización y repago ordenado a acreedores.

Según el Boletín, la deuda que APS reclama es de $21.3 millones. Una mirada a sus principales acreedores revela que la movida perjudica más a las agencias de gobierno y obliga la pregunta de cómo pudo ser que se amasaran dichas deudas sin que el gobierno actuara antes.

Por ejemplo, APS reporta deuda con Hacienda por $6.4 millones, con el Departamento del Trabajo $3 millones y con el Servicio de Rentas Internas federal $2.7 millones. Además, enumera deudas con el Municipio de San Juan ($911,557), la Corporación del Fondo del Seguro del Estado ($426,859), y con la entidad privada Condado II LLC ($6.7 millones).

Cabral Veras es hermano del convicto por defraudar al gobierno Ramón Cabral, y tiene un amplio historial de conexiones en y fuera de Puerto Rico así como de buenos negocios con administraciones gubernamentales de ambos partidos por las pasadas dos décadas, particularmente el exgobernador Rafael Hernández Colón y ‘ la vieja guardia’ del Partido Popular Democrático. Viajes en aviones privados y fiestas en villas lujosas de la República Dominicana son parte del arsenal de influencia que ha desplegado Cabral Veras.

Entre las controversias más sonadas figuró en el 2002 cuando el bautizo de su hijo contó con la presencia en Puerto Rico del entonces presidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, del embajador de Estados Unidos en la vecina Isla, el boricua Hans Hertell, y de altos funcionarios del gobierno local, como el exalcalde Jorge Santini, el superintendente de la Policía de la época, Pedro Toledo, y el presidente de turno del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, Héctor Laffitte, en momento en que su hermano Ramón se encontraba prófugo de la justicia puertorriqueña precisamente por haber timado al Gobierno por más de $1 millón por labores de sellado de techo en facilidades portuarias que nunca realizo. El gobierno dominicano se negaba a entregar al prófugo que se encontraba en Santo Domingo mientras el Presidente disfrutaba abiertamente del evento social junto a su amigo Miguel.

Ese año Mejía celebró un evento de recaudación de fondos precisamente en casa de Cabral Veras y recibió la donación de una guagua del entonces candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Pesquera. Según diarios dominicanos, los Cabral Veras son hábiles en cultivar amistades poderosas: durante el mandato del presidente Leonel Fernández, recibieron como anfitriones al padre de éste, el mayor retirado José Antonio Fernández Collado.

Otro de los escándalos que rodeó a Cabral Veras fue el de la compraventa del controvertible edificio Plaza Barbosa 306 que fue adquirido por él en 1998 por $1.9 millones, y varios meses después revendido al gobierno (Departamento de Recursos Naturales) por $8.7 millones. La transacción provocó una investigación del desaparecido Comité Blue Ribbon y le mereció la asignación de un Fiscal Especial Independiente al entonces director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Jorge Aponte, por grave descuido en el desembolso de fondos públicos, pero al final el caso judicial no progresó.

Asimismo, en 1997 consiguió que el Banco Gubernamental de Fomento le dejara adquirir por $700,000 los pagarés sobre 92 apartamentos en Santurce que en realidad tenían un valor en el mercado de $1,234,632.16.