Un grupo de acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que tienen deuda pendiente por $3,500 millones pidió al Tribunal Federal que ordene la paralización de todas las transferencias y pagos en esa insitución para prevenir posible fraude a acreedores.

De concretarse la solicitud, en la práctica el BGF estaría entrando en la sindicatura, por via de este pleito federal, que el gobierno de Puerto Rico se ha resistido a activar en los tribunales locales.

La solicitud está basada en, entre otros puntos, la divlgación por parte del juez federal José A. Fusté de que el BGF enfrenta desde el 2015 una evaluación en la que su regulador, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, concluía que se hallaba ‘insolvente’, o lo mismo que el primer paso para que se active el proceso de sindicatura dispuesto en la ley del Banco pero que el gobierno aparentemente se resiste a iniciar.

La demanda presenta al BGF en un conflicto de intereses insalvable entre las dos funciones que ha estado realizando: por un lado ser garante de las operaciones financieras del gobierno de Puerto Rico, y por el otro lado su obligación de cumplir con acreedores que no son el gobierno, como los grupos demandantes.

‘El Estado Libre Asociado ha tenido todos los incentivos para canibalizar al BGF para cumplir con sus propias necesidades de liquidez a través de transferencias preferenciales de fondos, aún si esas transferencias hacen imposible la reestructuración del BGF. Los depositantes y acreedores infortunados que han quedado reazagados son los que quedarán con las pérdidas amplificadas’, subraya.

Como ejemplo, la demanda provee la reciente creación de un fideicomiso para beneficio de ls municipios y el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) que está financiado por un impuesto especial a la propiedad y que lleva $781 millones en recaudos. Para ilustrar la urgencia con la que solicita la intervención judicial, la demanda expone que aún cuando el BGF llegue a un acuerdo voluntario de reestructuración de deuda con sus acreedores, tomará varios meses y se requerirá legislación para que se active. Por eso, la continuación de las transferencias de fondos de manera preferencial a algunos acreedores, indican los demandantes, hará cada vez más difícil la posibilidad de reestructurar la deuda y llevará a una situación de fraude de acreedores.

‘La información retenida incluye el grado preciso al que los activos del BGF han sido dilapidados para el beneficio del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades, así como el grado al que algunos acreedores del BGF han sido selectivamente preferidos sobre otros en un momento en que el BGF está insolvente. La falla del BGF en la divulgación de dicha información esencial y de francamente aceptar y enfrentar sus propios problemas financieros ha atrasado el desarrollo de los planes para restaurar la solvencia del BGF y reestructurar sus deudas, y ha permitido al BGF seguir haciendo pagos preferenciales en violación (de su ley)’, argumenta sobre el efecto de la falta de transparencia y el encubrimiento ‘deliberado’ de información financiera ‘adversa’.

‘No hay duda de que el BGF le debe a sus acreedores, la pregunta es si la BGF le quedarán activos con los cuales pagar las sumas que debe’, apunta.

La solicitud al tribunal es que: se prohiba al BGF hacer pagos a acreedores excepto los relacionados a servicios esenciales para los ciudadanos y los relacionados a la operación regular del banco, como el salario de los empleados; se prohiba al BGF condonar deuda o comprometer los dineros que se le deben al banco; y declarar que las transferencias realizadas en violación a la orden judicial son nulas y sin efecto.

‘Aunque el BGF contestará la demanda en su totalidad a través de los medios legales pertinentes, es importante señalar que el BGF ha continuado desempeñando plenamente sus roles oficiales como depositario del gobierno’ agente fiscal y asesor financiero dentro del marco de su ley orgánica y el derecho aplicable’, reaccionó, por su parte, la presidenta del BGF, Melba Acosta.

‘A pesar de que las alegaciones establecidas en la demanda son erradas, es claro que nuestros acreedores están de acuerdo con nosotros en una cosa: la situación de Puerto Rico es crítica, la deuda de la isla es impagable, y la necesidad de un régimen federal de reestructuración que ayude al Estado Libre Asociado (‘ELA’) en el camino hacia la recuperación es crucial. Reiteramos nuestro llamado al Congreso de los Estados Unidos para que actúe inmediatamente y le conceda a Puerto Rico autoridad amplia para llevar a cabo la reestructuración que necesita con el fin de atender sus deudas e impedir que la crisis humanitaria en la isla continúe saliéndose aún más fuera de control. Los 3.5 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico necesitan y merecen la pronta acción de nuestros líderes en Washington’, insistió la funcionaria.

El BGF también reiteró su compromiso de trabajar junto a sus acreedores, incluso junto al grupo de acreedores demandantes.

‘En específico, el BGF y sus asesores tienen la intención de continuar las negociaciones con los acreedores del BGF que se han anunciado públicamente y confiamos que, a pesar de la demanda, nuestras contrapartes litigantes puedan jugar un rol productivo en ese proceso. A medida que las condiciones económicas continúan deteriorándose en Puerto Rico sin que haya ningún alivio a la vista, el BGF —al igual que todas las agencias del ELA— confronta opciones extremadamente difíciles y es nuestra responsabilidad evaluar todas las opciones que puedan hacer posible que se le pague a los acreedores mientras se garantiza que el BGF continúe en operaciones’, agregó Acosta.

Los demandantes son Brigade Leveraged Capital Structures Fund Ltd., Brigade Distressed Value Master Fund Ltd., Tasman Fund LP, Claren Road Credit Master Fund, Ltd., Claren Road Credit Opportunities Master Fund, Ltd., Fore Multi Strategy Master Fund, Ltd., Sola Ltd, Ultra Master Ltd, Solus Opportunities Fund 5 LP. Estas entidades financieras están registradas en las Islas Caymán, tienen su lugar de operación en Nueva York y representan tener deuda del BGF por valor de $3,750 millones.

Demanda contra BGF abril de 2016 – NotiCel_18287