El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Utuado, Jonathan Tossas, anunció el lunes la radicación de una serie de querellas ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el Departamento de Justicia (DJ), en contra del alcalde de dicho pueblo, Ernesto Irizarry Salvá.

El aspirante detalló en un comunicado que esta acción responde a la supuesta utilización de fondos públicos, por parte del alcalde popular para resaltar su imagen en la revista conmemorativa de la decimoquinta edición del maratón Guatibirí Del Otoao.

‘Esto es una falta para nuestro pueblo. El hecho de malgastar miles de dólares de fondos públicos para adelantar la imagen de este alcalde, es una violación de ley y una falta de respeto a nuestra gente. Estamos reclamando la intervención del secretario de Justicia, Cesar Miranda, así como la directora de Ética, Zulma Rosario, en este caso’, denunció Tossas en un comunicado de prensa.

El líder estadista en Utuado mostró, como evidencia, varias fotografías del folleto, tipo revista, incluyendo una de la contraportada en la que se puede apreciar la foto del alcalde, su nombre y el logo del Municipio, junto con su frase emblemática de su administración, ‘Ciudad Del Viví’. El evento se celebró el pasado 13 de marzo.

Según explicó Tossas, el mencionado anuncio viola varios incisos del Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. Entre ellos está el inciso (b) que estable que ‘un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley’.

El aspirante también mencionó alegó violaciones al inciso (i) que indica que ‘un servidor público no puede utilizar, en los bienes muebles o inmuebles del gobierno, cualquier símbolo, lema, imagen, fotografía, pin, logo, pegatina, calcomanía, rótulo, insignia, aplicación tecnológica, mensaje escrito u otro distintivo que identifique o promueva, directa o indirectamente, los intereses electorales de cualquier partido o candidato político.

El otro inciso, según Tossa es el (j) que señala que ‘un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, utilizar en su persona, su propiedad o en cualquier propiedad bajo su custodia algún símbolo, lema, imagen, fotografía, pin, logo, pegatina, calcomanía, rótulo, insignia, aplicación tecnológica, mensaje escrito u otro distintivo que identifique o promueva, directa o indirectamente, los intereses electorales de cualquier partido o candidato político.