El grupo de ciudadanos que lleva el caso en los tribunales para ordenar a las agencias a cumplir con la Ley 314 de 1998, mejor conocida como Ley de Humedales, respondió el jueves a expresiones vertidas por parte de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen Guerrero, a quien le pidieron consistencia.

‘Nos complace leer que la secretaria favorece acciones de añadir terrenos de humedal a la reserva. No obstante, las acciones en el tribunal son contrarias a este interés. Al momento la agencia más activa entorpeciendo la ampliación de la reserva es el DRNA. Esta activa oposición en el tribunal no tiene explicación alguna. Si en efecto no se oponen a la ampliación, que lo informen al tribunal y lleguemos a un acuerdo’, expresó Pedro Saadé, representante legal de los demandantes, en un comunicado.

El grupo reconoció el compromiso genuino de la secretaria con la conservación, por lo que han sido tan enfáticos en reclamar que la agencia muestre ese mismo compromiso en el tribunal. Es la Ley 314 la que otorga verdadera protección al Caño Tiburones y no acuerdos que pueden ser derogados. Los ciudadanos parte del caso y la SOPI extienden invitación de buena fe al DRNA a unir esfuerzos con ellas y ellos para lograr la protección real del Caño Tiburones y que sea de esta forma consistente en sus expresiones.

‘Establecido ya el propósito en común de protección entre las dos entidades, entiéndase DRNA y SOPI, la acción por parte de los representantes del Estado al solicitar el certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, pretende dirigir el proceso por una estrategia de dilatar si no detener el proceso iniciado. Entendemos que a raíz de la evidencia presentada, se encamina a lo que sería una decisión favorable para que el Caño Tiburones sea declarado reserva natural en toda su extensión. Estas acciones del estado van en la dirección contraria a lo expresado por la honorable secretaria. Esto sería un golpe mortal a la mejor oportunidad que haya tenido este reclamo universal por lograr este paso por la conservación de este valioso recurso’, indicó Israel Guzmán, presidente de la SOPI.

Por otro lado, la portavoz del grupo Ela Cruz dijo que al momento, no existe ni protección, ni manejo del caño. ‘El foro para dilucidar el caso ya está establecido y es el Tribunal. Reiteramos la solicitud de apoyo del Departamento para que el proceso continúe. Nosotros estamos listos para continuar con el caso y presentar la evidencia disponible. Confiamos y exhortamos al DRNA que haga lo mismo y aproveche esta oportunidad para corregir los errores del pasado’, expresó.

En cuanto al reclamo del DRNA de necesidad de fondos para que se adquieran terrenos, los demandantes indicaron que ‘estamos hablando de terrenos del propio gobierno por lo que se puede ampliar sin implicar costos significativos. La ampliación de la reserva por el contrario lo que si representa es un gran potencial económico para los vecinos y para el propio departamento’.