En su esfuerzo por obtener información acerca de la identidad de las compañías de fondos de cobertura que adquirieron los bonos del gobierno en 2014, la cantidad de bonos que adquirió cada una, aquellas que componen el Comite Ad Hoc de bonistas de Puerto Rico, y cuáles son las propuestas y condiciones que presentaron, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y su periodista Joel Cintrón Arbasetti, radicaron el viernes una solicitud ante el Tribunal de Apelaciones luego de que el Tribunal de Primera Instancia desestimara sus peticiones.

El CPI pretende arrojar luz e informar a la ciudadanía sobre las negociaciones con bonistas que el gobierno ya comenzó a puertas cerradas. ‘Al momento, la negociación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los bonistas, que es la más adelantada, ha tenido como saldo recomendaciones de aumento tarifario, privatización de la generación de energía y cambios en su gobernanza para integrar a los bonistas en la Junta. Los ciudadanos reclaman conocer ahora con quién se negocia su deuda, qué trayectoria han tenido estas empresas y qué se negocia, si esto afecta los servicios públicos, los empleos públicos y los derechos de la gente. Y lo quieren conocer ahora, no cuando los funcionarios que negocian ya no estén, o cuando haya un cambio de administración, y como suele ocurrir, ya nadie se haga responsable de lo que se firmó’, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

El CPI sostuvo en la apelación que el Tribunal de Primera Instancia erró en su análisis de lo que constituye información pública susceptible de ser divulgada y al acoger las solicitudes de desestimación del gobierno en ausencia de prueba que sostuviera sus alegaciones.

Igualmente, plantea que se equivocó al desestimar el requerimiento de información sobre la composición del Comité Ad Hoc por entender que no se trataba de un ‘documento público en poder del estado’. ‘Estamos ante un caso de acceso a la información que no se limita a la existencia de un documento específico que recoja toda la información solicitada, sino que se extiende a cualquier formato del cual surja la información pública en manos del estado. Es deber de la parte apelada poner a la disposición la información que tiene en su poder independientemente de si la misma está o no contenida en un documento particular’, establece la apelación.

Indica la demanda que el Tribunal cometió además un error al desestimar el requerimiento de información sobre la identidad de las compañías que adquirieron bonos del ELA en la emisión de 2014 y las cantidades correspondientes por entender que no se trata de información recogida en un documento público o información en poder del estado.

Desestimar el requerimiento de información sobre la carta y las propuestas del Comité Ad Hoc de bonistas de Puerto Rico por entender que el mismo se había convertido en académico también fue un error del TPI, alega el recurso apelativo.

Los abogados que representan al CPI son el Lcdo. Osvaldo Burgos y el Lcdo. Luis José Torres Asencio, ambos profesores en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, sede del CPI.