La representación legal del convicto exlegislador Jorge De Castro Font se propone presentar el lunes una moción para la anulación de la sentencia impuesta por el Tribunal de San Juan por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, a la Ley Electoral, al Código de Rentas Internas y varios otros cargos criminales, argumentando el principio de doble exposición (‘double jeopardy’), validado por la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 20 de marzo de 2015.

En la moción que habrá de ser presentada ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan los abogados de De Castro Font, Heriberto Sepúlveda y Luis Abreu Elías, argumentan que para la fecha en que el convicto fue sentenciado ‘aun nuestro Tribunal Supremo no había resuelto los casos ‘Pueblo v. Luis M. Sánchez Valle’ y ‘Pueblo v. Jaime Gómez Vázquez’ (consolidados), donde se rectifica un error histórico cometido en ‘Pueblo v. Castro García’ (1988), y se resolvió que no se podía juzgar en el foro estatal por los mismos delitos’.

Los abogados argumentan además, que siendo ‘la norma de Castro un error histórico, por ende, nunca existió soberanía dual’ que permitiera justificar la doble exposición.

En la moción, Sepúlveda y Abreu Elías hacen referencia a las expresiones hechas por el fiscal en el caso en el tribunal de instancia, en las que éste señala que De Castro Font era juzgado por los mismos hechos por los que fue condenado en la jurisdicción federal. Los letrados expresan entonces su convencimiento de sobre la necesidad de ‘anular prácticamente todas las convicciones, por ser nulas, pues, se violó el principio resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en ‘Pueblo v. Sánchez Valle’ y ‘Pueblo v. Gómez Vázquez’, el 20 de marzo de 2015′.

‘Entendemos que el fiscal no tenía jurisdicción para radicar las acusaciones similares por las que se le juzgó [a De castro Font] en el foro federal’, lee el escrito.

No obstante, de la propia moción se desprende que los representantes legales de De Castro Font dejan fuera de la petición de anulación de sentencia las violaciones a las leyes de ética gubernamental y de contribución sobre ingresos. Se ha de suponer porque estas violaciones no tienen una violación equivalente en el foro federal, y por lo tanto De Castro Font no fue juzgado por ellas en dicha jurisdicción.

En 2011, el exlegislador fue sentenciado a cinco años de prisión y tres en libertad a prueba por los cargos antes mencionados a consecuencia de haber aceptado dinero a cambio de aprobar proyectos de ley que beneficiaran a particulares. La sentencia debía cumplirse de manera concurrente con la sentencia de cinco años impuesta en el foro federal. De Castro Font encarcelado inicialmente en 2010 en una prisión federal.