El juez Pedro Casablanca, del Centro Judicial de Ponce, encontró en la tarde del miercoles causa para juicio contra el destituido alcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín Velez, por violaciones al Art. 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.

Desde marzo, el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) suspendió a Arlequín Vélez por un supuesto caso de acoso sexual contra una empleada municipal. Luego de 90 dias de investigación, ordenó su destitución.

‘Todas estas acciones en mi contra se han basado únicamente en declaraciones de la otra parte. Niego rotundamente los hechos que se me imputan. Mi familia está acompañándome en estos momentos con firmeza, serenidad y agradecimiento a mi pueblo que abrumadoramente se han expresado respaldándome y brindándome solidaridad. Al final del proceso saldré airoso y continuaré sirviendo a mi pueblo como hasta ahora’, se defendió en ese entonces el alcalde.

‘Según se desprende de la investigación, el alcalde le dirigió palabras impropias, que en este momento no puedo divulgar, pero que fueron de alto contenido sexual y no deseadas por la perjudicada’, señaló al momento del referido al PFEI el secretario de Justicia, César Miranda.

Se informó que la víctima, en este caso, fue la subdirectora de Programas Federales, Lumari Torres Pérez, quien además denunció que el alcalde pretendió mantenerla encerrada en su oficina en contra de su voluntad. Los comentarios y acciones del alcalde iban dirigidos a que la perjudicada le mostrara un tatuaje en una parte no mencionada de su cuerpo. Asimismo, la empleada municipal indicó que en ocasiones posteriores el alcalde continuó con su conducta impropia al hacer comentarios de índole sexual, inclusive en la presencia de sus hijos.

La vista de lectura de acusación se pautó para el próximo 16 de julio y el inicio del juicio para el 6 de agosto de este año. El Panel sobre el FEI informó que de resultar culpable el alcalde se expone a una pena de cuatro años sin derecho a probatoria. El licenciado Guillermo Garau fue el Fiscal Especial Independiente asignado a este caso y el licenciado Ramón Mendoza, como Fiscal Delegado.