El gobernador Alejandro García Padilla admitió el jueves que su propuesto plan de ajuste fiscal para conjurar la crisis que enfrenta Puerto Rico incluirá la reducción de beneficios laborales, tales como el número de días de vacaciones y de licencia por enfermedad, por considerarlos detrimentales para el desarrollo económico de la isla.

‘Nosotros no podemos pretender sacar a Puerto Rico del atolladero de crecimiento económico tomando sol en la playa… es trabajando, es con días de trabajo que se saca del atolladero al país. Tener un país en donde tenemos, si usted suma, 30 días de vacaciones, 18 días de enfermedad y 14 días –antes eran 19 – libres, pagos todos. Divídalos por cinco días de trabajo a la semana, tiene 12 semanas libres pagadas’, dijo el Gobernador, dando a entender que habrá de acoger las recomendaciones que en ese renglón hizo la economista Anne Krueger en su informe presentado esta semana.

El planteamiento de García Padilla ocurre apenas tres días después de se dirigiera al país para declarar la imposibilidad de pagar la deuda pública, la necesidad elaborar un plan de ajuste fiscal a cinco años plazo y de instar a los ciudadanos a hacer sacrificios personales.

García Padilla señaló que el país debe plantearse colectivamente y de forma unida como se puede salir del ‘atolladero económico’ y fiscal en que se encuentra sin tener que recurrir la imposición gubernamental. Sin embargo, cuestionado sobre la efectividad, el alcance y carácter impositivo de la Ley 66, que congeló todos las clausulas económicas de todos los convenios colectivos entre el estado y los trabajadores de las distintas agencias de gobierno, el Ejecutivo optó por no comentar y su oficial de prensa dio por terminada la conferencia de prensa en el muelle de la Guardia Costera de San Juan.

Aún cuando el Gobernador ha alegado no estar de acuerdo con varias de las recomendaciones incluidas en el informe de Krueger, en el renglón de ‘empleo y costos laborales’, García Padilla ha acogido todas las recomendaciones.

El informe identifica ‘las normas locales relativas a las horas extras, las vacaciones pagadas, y el despido’ como costosas y más onerosas que en el continente norteamericano.