Una auditoría de la Contralora de Puerto Rico refierió al Secretario de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y al Administrador Interino de Sistemas de Retiro la situación del aumento de sueldo al alcalde de Maricao, Gilberto Perez Valentín, concedido por la Legislatura Municipal así como los pagos por la liquidación de las licencias de vacaciones y enfermedad sin cumplir con los requisitos de ley.

Sin aprobar un reglamento y sin considerar los requisitos establecidos por ley, la Legislatura Municipal aprobó el aumento de $3,500 a $6,500 mensuales, y para ello no consideró los estados financieros auditados, ni el déficit del municipio, ni evidencia sobre el censo poblacional de Maricao, ni el cumplimiento de los controles fiscales y administrativos, ni los informes de auditoría ni los planes de acción correctiva de la Oficina del Contralor, de la OCAM ni del Gobierno Federal, entre otros requisitos.

El Informe de 13 hallazgos y dos comentarios especiales revela desviaciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto. El municipio tenía déficits presupuestarios en el Fondo Operacional de $2.6 millones para el 2012 y $2.8 millones para el 2013. El presupuesto del 2014 solo consignó $25,000 para cubrir el déficit y $0 para el 2015. Una situación similar se comentó en el Informe de Auditoría M-13-26 de 2013.

La fuente de bronce de la Casa Alcaldía, se adquirió en el 2012 por $139 mil sin celebrar subasta pública. Los auditores del Contralor verificaron la razonabilidad del costo y encontraron una fuente similar que puede ser adquirida por internet a un costo inferior (de $19 a $40 mil). Por eso consideramos la cantidad pagada por la fuente como extravagante y excesiva.

De mayo de 2011 a marzo de 2013 se pagaron bienes y servicios por $131 mil sin obtener cotizaciones y en el 2009 se autorizaron trabajos adicionales para mejoras en la Alcaldía, Plaza de Recreo y alrededores por $1 millón sin celebrar subasta pública.

Otro de los hallazgos señalan que no se cobraron arbitrios de construcción ni patentes municipales a contratistas por $26 mil, se efectuaron pagos en exceso por el suministro de gasolina, deficiencias con los gastos incurridos en la tarjeta de crédito y contratos que se remitieron con tardanzas de hasta 564 días a la Oficina del Contralor.

La opinión de la Contraloría es parcialmente adversa y cubre el período del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013.