El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, anunció hoy lunes la presentación de un proyecto de ley que pretende uniformar los procesos de compra de bienes en el gobierno con miras a reducir la parte de dicho gasto que, según un estudio realizado, se atribuye a costos adicionales por concepto de falta de uniformidad en los procesos, pagos tardíos y pobre nivel de competencia entre suplidores.

De acuerdo con Perelló Borrás el gobierno de Puerto Rico invierte unos 300 millones de dólares en la compra de bienes y mercancías, de los cuales solo 240 millones (80 por ciento) se invierten directamente en la adquisición de los bienes. Los restantes 60 millones (20 por ciento) representan el costos relacionados a la adquisición de dichos bienes.

‘Al gobierno le cuesta 60 millones de dólares el poder comprar 240 millones de dólares… Esa ineficiencia, 18 millones se van en intereses adicionales por el pago tardío. Ya hay una costumbre –como el gobierno paga tarde, es ineficiente, no es transparente – cuando le quieren vender al gobierno automáticamente aumentan el costo por lo que ellos pierden (los comerciantes) en lo que les paga el gobierno’, explicó el Presidente de la Cámara en conferencia de prensa.

Del estudio ordenado por la Cámara se desprende que el sistema de compras del gobierno es ‘altamente burocrático y carece de uniformidad’, no promueven la competencia entre los licitadores, ni maximizan las oportunidades de ahorro en compras por volumen.

En el Proyecto de la Cámara 2538 se ordena la creación de un portal cibernético para cotizaciones y adjudicaciones desde el cual los licitadores interesados podrán acceder a las subastas de bienes que puedan necesitar las distintas agencias de gobierno y competir por ellas luego de que la Administración de Servicios Generales (ASG) haya certificado las especificaciones de los bienes a ordenarse. De esa manera, por ejemplo, tanto el gobierno como el suplidor pueden beneficiarse de las economías por concepto de la compra por volumen de bienes en específico.

En el portal cibernético los interesados podrán ver además, cuál licitador prevaleció en subasta y se podrán emitir órdenes de compra, de pago, y de formularios de recibo.

De acuerdo con Perelló Borrás, una vez aprobada la medida, esta debe fomentar un mayor nivel de competencia entre los licitadores, una mayor transparencia en el proceso d compras y economías ascendentes a 45 millones de dólares. El Presidente cameral reconoció que aun cuando la ley vigente establece que el gobierno debe pagar por los bienes recibidos dentro de los 30 días subsiguientes a la presentación de la factura, eso no está ocurriendo.

‘Ese sigue siendo un reto… pero a medida que se garantice que esa cantidad que esa presupuestada (la de compras) va a estar entrando constantemente al Banco Gubernamental de Fomento, se puede utilizar el Banco para compras que no pasan de 195 mil dólares en este sistema, para garantizar que ese pago sale en 30 días’, explicó Perelló Borrás, quien no fue categórico en su respuesta debido a que esta depende de transferencia regulares al BGF que en tiempos de limitaciones fiscales no han podido ser garantizadas.