El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Jose Nadal Power, alertó el miercoles sobre la ausencia de mecanismos de supervisión en el proceso de compras de las distintas agencias del gobierno, acción que al final se traduce en un incremento de costos al erario.

‘Aquí estamos ante una situación clara de falta de definición de política pública, de hacer cumplir lo que se ha aprobado. Yo entiendo perfectamente la preocupación de la Policía, de Educación y de todas las demás entidades que tienen justificaciones que esbozan en estos momentos para tener control de muchos de estos procedimientos. Cuando vamos a mirar al gobierno de Puerto Rico como un todo, nos parece que es evidente que esto está suelto. No hay ningún tipo de supervisión, ni de manejo de lo que son las compras del gobierno. Tal vez por falta de dientes a Servicios Generales. Alguien tiene que hacerse cargo de esto, cada agencia está haciendo lo que entiende y eso tiene unos costos para el gobierno de Puerto Rico’, sostuvo Nadal Power en un comunicado de prensa.

Nadal Power identificó que las agencias no respetan la norma que obliga a centralizar las compras a través de la Administración de Servicios Generales (ASG), la agencia no recibe los estudios de necesidad de las dependencias del gobierno y se mantiene una práctica de sustituir los contratos que deben regir por meras órdenes de compra.

‘A la hora de confeccionar un presupuesto esto tiene un impacto y el gran reto que nosotros tenemos aquí como asamblea legislativa es ver cómo ponemos un orden, porque de nada sirve aprobar legislación que no se hace cumplir’, agregó.

El legislador subrayó que es necesario que haya un auditor en cada agencia, para que entre otras cosas, en cada transacción medie un contrato. Y que se respete la ley que deroga los procesos de compra internos en cada agencia.

Tanto el Departamento de Educación como la Policía, reclamaron que centralizar las compras a través de ASG encarecía los procesos de subasta y le incrementaba los gastos en muchos renglones, situación que los forzaba a incumplir con las exigencias de las autoridades federales. Ambas agencias se encuentran bajo el escrutinio del gobierno federal.

Sugirió además que la Administración de Servicios Generales (ASG) presente un documento con recomendaciones orientadas a enmendar su Ley Orgánica, a los fines de incorporar un oficial que supervise los procesos de compra.

Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, indicó que la intención de las vistas es buscar alternativas que permitan implementar mecanismos diferentes que a su vez conlleven menos gastos al gobierno.

‘Nosotros lo que estamos viendo es por qué al gobierno le cuesta más dinero, por qué las exigencias del gobierno son más onerosas y por qué el costo de un producto en una tienda es visiblemente más barato que cuando se adquiere a través del sistema de compra del gobierno de Puerto Rico’, sostuvo.

La Comisión senatorial de Hacienda, atendió además la comparecencia del secretario del Trabajo, Vance Thomas, quien defendió la asignación de 128,368,000 dólares de cara al presupuesto recomendado para el año fiscal 2015-2016.

Thomas aseguró que pese a las medidas de austeridad que las circunstancias le han obligado a adoptar, no tendrá dificultad para cumplir eficientemente con la operación del Departamento que dirige.

El funcionario hizo mención a la reducción de 41.9 por ciento en la nómina de confianza que de 208,509 dólares mensuales que se asignaban a tales fines en 2012, se redujo a este año a 121,173 dólares, lo que representa una merma mensual de 87,336 dólares. En el arrendamiento de inmuebles se produjo un recorte de 1,181,023 dólares.

De igual forma destacó que a la fecha, el Departamento del Trabajo tiene deudas ascendentes a 4,626,832.96 dólares, las cuales estima cubrir al 30 de junio próximo. Del total adeudado, 2,849,034 dólares corresponden a consumo eléctrico y 268,486.12 dólares a consumo de agua.