El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, rechazó el lunes que los inversionistas de los llamados ‘fondos buitres’ (hedge funds) tengan acceso a información privilegiada sobre la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y reiteró que ellos tienen la misma información que tiene el público.

‘Los fondos buitres han entrado en la cartera de inversiones de Puerto Rico, como todos sabemos. Sin embargo, queremos dejar en claro, que siempre estaremos del lado de nuestra gente’, dijo Suárez en conferencia de prensa.

Las declaraciones de Suárez dan al traste con informes de prensa publicados el lunes en los que se denuncia una alegada ventaja de parte de los inversionistas de ‘fondos buitre’ al disponer de acceso privilegiado a información sensitiva sobre la condición fiscal de la AEE, la cual fuera en un momento la corporación clave para el desarrollo económico de Puerto Rico.

Suárez descartó el que el Gobierno de Puerto Rico esté recibiendo únicamente ofertas de parte de este tipo de inversionistas debido a la ‘precaria’ situación fiscal que enfrenta la Isla.

‘Nosotros no estamos recibiendo solamente ofertas de ellos. También estamos recibiendo ofertas de otros inversionistas. No se trata de que estemos prefiriendo una (oferta) sobre las otras. Estamos evaluando todo para el mejor beneficio del pueblo de Puerto Rico, no para el beneficio de los bonistas’, explicó.

Sobre las enmiendas que se han propuesto para protección de los funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento en función de ‘el tipo de decisiones que se están tomando actualmente’, Suarez explicó además que se trata de dejar en claro unas definiciones que pudieran conllevar interpretaciones de ‘negligencia criminal’.

Cuestionado sobre posibles ejemplos de lo que el mismo había calificado de ‘negligencia criminal’, Suarez señaló que ‘es muy difícil dar un ejemplo de eso’, pero se aventuró a mencionar, a manera de ejemplo, la definición de ‘insolvencia’. De acuerdo con el secretario de la Gobernación, un funcionario del BGF podría tomar unas decisiones fundamentándose en la definición vigente de ‘insolvencia’ que más adelante pudiera ser interpretada como una decisión negligente de carácter criminal.

‘Eso es lo que queremos especificar para evitar, por eso queremos redefinir’, señaló Suárez.