Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en ingles), señalaron el lunes que estaban imposibilitados de revisar las tarifas del 2016 de los planes Medicare Advantage (MA) en Puerto Rico, estipuladas en un Aviso Final emitido por la agencia federal a principios de este mes.

Y más allá de referir a este diario al comunicado de prensa, la hoja de datos y al Aviso Final publicado la semana pasada, evadieron explicar por qué los planes MA en la Isla recibirán un recorte en sus tarifas en vez de aumentos como se informó que se experimentará en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Sin embargo, los oficiales de CMS aseguraron mediante declaraciones escritas que ‘CMS se compromete a hacer el programa de Medicare Advantage una opción de alta calidad para todos los beneficiarios de Medicare, incluyendo a aquellos que residen en Puerto Rico. CMS agradece los comentarios recibidos sobre las tarifas propuestas de Medicare Advantage y sus políticas, incluyendo aquellas que describen las circunstancias únicas en Puerto Rico. En el anuncio de tarifa final, nos comprometimos a examinar una cuestión relativa a la forma en que nuestras políticas tarifarias trabajan en Puerto Rico, para determinar si se debe hacer un ajuste para las tarifas de 2017’.

Mientras, aseveraron que muchos de los comentarios recibidos en febrero de 2015, CMS concluyó que ‘no tenía la autoridad legal para hacer los cambios’ sugeridos.

Además, destacaron que ‘una cuestión técnica’, planteada por los MA en Puerto Rico, la agencia federal no tuvo tiempo para investigarla para poder así confirmar si existía el problema.

De otro lado, CMS no afirmó ni rechazó si los planes MA en la Isla tienen la autoridad para reducir beneficios de los beneficiarios o disminuir la compensación a los proveedores, además de aumentar las primas y copagos a los pacientes, para hacerle frente a los recortes en tarifas del 2016, como ya ha sido advertido que podría ocurrir.

La semana pasada varios ejecutivos de los planes MA en Puerto Rico denunciaron que tendría un recorte de un 11% en las tarifas para el 2016, lo que se traduciría en una pérdida acumulada de $4,000 millones por los ajustes que se vienen dando desde el 2012. Esta situación contrasta con los aumentos de hasta 3% que recibirán otras jurisdicciones.