La presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Laura Velez Velez, solicitó al Tribunal Federal la desestimación de una demanda radicada por la exjefa interina de Recursos Humanos de la agencia, Damaris Miranda Maisonave, quien la acusó junto a otros funcionarios de la dependencia gubernamental de llevar a cabo acciones adversas ‘descaradas’ contra la funcionaria debido a motivaciones político-partidistas.

Vélez Vélez respondió a la demanda el pasado 7 de diciembre, junto a la actual directora de Recursos Humanos, Dilia Nieves Rodríguez, y el director de administración, Freddie Ayuso Rosa, en la que negaron las alegaciones de discrimen político y hasta reclamaron se le concediera todos los costos del litigio y una cantidad razonable para los honorarios de abogado.

Miranda Maisonave, quien era una empleada de carrera de la JCA, resaltó en su demanda del pasado 3 de octubre, que es una persona conocida como miembro, activista y delegada del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La exlegisladora municipal por la Palma en Cataño, detalló que durante el pasado cuatrienio asumió varios puestos de trabajo en el área de Recursos Humanos. Entre estos puestos, durante el 2009, fungió como directora de Recursos Humanos de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y de la Administración de Terrenos. Al año siguiente, aceptó un puesto de confianza como consultora de Relaciones Laborales para la JCA, y para el 2012 obtuvo un puesto de carrera como subgerente de Recursos Humanos en la misma agencia.

Según Miranda Maisonave, una vez Vélez Vélez asumió las riendas de la JCA, y nombró a Nieves Rodríguez y a Ayuso Rosa, todos iniciaron gestiones para eliminar a los empleados afiliados al PNP.

‘Los acusados decidieron contratar a personas afiliadas al PPD (Partido Popular Democrático), que nunca antes habían llevado a cabo las funciones subyacentes’, planteó.

Esta sostuvo que fue sometida a una ‘campaña de acoso por motivos políticos que incluían acciones humillantes, observaciones, y amenazas. El patrón de hostigamiento y persecución culminó con la suspensión de empleo de la demandante, a través de una carta del 4 de octubre de 2013, recibida por la demandante el 7 de octubre de 2013’. En dicha misiva no solo se le notificó sobre su suspensión inmediata sino también de la intención de despedirla.

Miranda Maisonave acusó a los demandados de establecer que los evaluadores de reclutamiento no examinaron adecuadamente sus calificaciones para asumir el puesto que ocupaba y que su nombramiento se dio durante el periodo electoral, sin obtener una autorización previa de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH).

No obstante, esta alegó que ‘los acusados tenían la prueba del permiso de OCALARH para nombrar a un Subgerente de Recursos Humanos durante el período electoral, y eran conscientes de que la demandante fue debidamente calificada para su posición, y se han facilitado las certificaciones de especialista en recursos humanos’.

A pesar de esto, el pasado 6 de marzo de 2014, Vélez Vélez despidió a Miranda Maisonave.

La mujer está reclamando una compensación de al menos $ 2 millones, y ser reintegrada a su puesto.

Sin embargo, el pasado 7 de diciembre, los demandados rechazaron prácticamente casi todas las alegaciones de la demanda y señalaron que el Tribunal Federal carecía de jurisdicción para atender el recurso.

‘Los acusados que comparecen, en todo momento actuaron conforme a la ley y de buena fe en el desempeño de sus funciones…Los demandados no actuaron, en ningún momento, con ánimo discriminatorio o intenciones políticas’, sentenciaron.

Demanda de Damaris Miranda Maisonave-NotiCel _10140

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